La Contraloría General de la República (CGR) oficializó ayer la sanción por responsabilidad penal en contra del ex Ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano, por las irregularidades en el proyecto de ampliación del tramo de carretera Ticuantepe-Masaya-Granada.

La resolución, que ya había sido adelantada por algunos contralores a algunos medios de comunicación, fue decidida por unanimidad por el consejo de contralores colegiados.

La resolución establece siete millones de dólares por responsabilidad penal a Solórzano y dos millones de dólares en sanciones administrativas.

Los contralores determinaron que Solórzano no protegió los intereses del Estado en su manejo con la constructora española Hispánica al no multarla por el lento desarrollo del proyecto.

SEGUNDA SANCIÓN PENAL

Ésta es la segunda presunción de responsabilidad penal que la CGR le impone a Solórzano este año. La primera se debió al presunto manejo irregular de 12 millones de dólares establecidos en el subsidio para los buseros en el 2004.

Solórzano se ha referido a todas estas sanciones como una persecución política en su contra.

La Fiscalía General de la República ya abrió una investigación en contra de Solórzano por los 12 millones de córdobas.

Las irregularidades en el proyecto Ticuantepe-Masaya-Granada por parte de Hispánica fueron reveladas por una investigación periodística de LA PRENSA en el 2004.

DEMANDA NO AVANZÓ

El MTI inició un proceso para demandar a la constructora española por incumplimiento de contrato, pero la Procuraduría General de la República no ha terminado el análisis jurídico del contrato, lo que es fundamental para iniciar la demanda.

Hispánica por su parte exige al Gobierno 13.9 millones de dólares más de lo establecido en el contrato en concepto de escalamiento de precios.

Hispánica ya solicitó la anulación de su contrato aduciendo que el MTI no ha querido reconocer el escalamiento de precios que exigen.