La última “movida” de jueces en el país, realizada a finales del mes de septiembre por la Corte Plena, incluyó la destitución de la juez de Distrito de lo Civil, Jackeline Toruño Ibarra y de Mario Mendoza, juez Local Único, ambos de Siuna, en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN).

Durante su carrera judicial, Toruño Ibarra fue cuestionada por la Procuraduría del Ambiente, luego que trasladara a Estelí un lote de madera extraída ilícitamente de la Reserva de Biosfera Bosawás.

Los señalamientos realizados el año pasado contra la funcionaria judicial indican que ilegalmente tomó 17,675 metros cúbicos de madera, con fines no muy claros, en complicidad con funcionarios del Instituto Nacional Forestal (Inafor).

CAMBIOS REPARTIDOS ENTRE BANDOS POLÍTICOS

Pero la destitución de Toruño Ibarra está seguida de su nombramiento como Defensor Público en Managua, conservando su salario anterior, es decir, no devengará los 12 mil córdobas como defensora, sino 25 mil córdobas por su cargo de juez.

Toruño Ibarra fue sustituida en el cargo por Silvio Alberto Pichardo Hernández, antes juez Local Único de Prinzapolka, y Esther Isabel Vásquez ocupa el cargo de juez Local Único de Siuna.

El acuerdo suscrito por los magistrados liberales y sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), consistió en más de cien cambios, traslados y nombramientos de jueces, este último realizado sin someterlo a concurso ni hacer ningún tipo de examen, como lo establece la Ley de Carrera Judicial.

Fuentes judiciales dijeron a LA PRENSA que el nombramiento de estos jueces fue repartido entre sandinistas y liberales, correspondiendo el 50 por ciento a cada uno de los bandos.