El titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Alejandro Argüello, declaró ayer que el Gobierno apoyaría una reforma parcial a la Ley de Promoción de Competencia, aprobada el 28 de septiembre pasado por la Asamblea Nacional.

La reforma tendría por objeto reemplazar las multas discrecionales que establece la ley, que han sido cuestionadas por los empresarios, para fijar una multa universal equivalente a 800 mil dólares.

Hasta ahora la legislación, que aún no entra en vigencia, contempla en su artículo 46 que las sanciones para las empresas que la violenten, según su gravedad, oscilarán del uno hasta el diez por ciento de las ganancias netas anuales de la empresa infractora.

A inicios de esta semana, miembros de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) y la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic) valoraron que estas sanciones porcentuales son exageradas para la realidad económica del país y proponían establecer un máximo de cien mil dólares.

ARGÜELLO RECONOCE TEMOR DE EMPRESARIOS

Argüello reconoció el temor de la empresa privada, pero subrayó que en caso de una reforma, la sanción fija no sería inferior a los 800 mil dólares, para garantizar que las empresas cometan prácticas anticompetitivas y monopólicas.

Añadió que contemplarían también sanciones mayores en caso de reincidencias. Sin embargo, subrayó que en cualquier caso, el espíritu de la ley es prevenir y esperan no aplicar ese nivel de multas.

Argüello participó ayer en la cuarta sesión de un grupo de trabajo que busca lograr una política de competencia a nivel centroamericano, con el apoyo de la Unión Europea (UE)

El ministro celebró que con la aprobación de la Ley de Promoción de Competencia, Nicaragua ha dado un primer paso en la región.