El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), Carlos Castro, y el presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), José Adán Aguerri, estiman que las multas discrecionales establecidas por infringir la recién aprobada Ley de Promoción de Competencia son exageradas para la realidad económica del país.
La nueva ley, aprobada el jueves pasado, tiene por objeto promover y tutelar la libre competencia entre los agentes económicos, sancionando las prácticas anticompetitivas y monopólicas a través de multas equivalentes a entre cien y diez mil quinientos salarios mínimos, o del uno al diez por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior.
Castro y Aguerri calificaron de buena la ley, aunque cuestionaron las multas.
Sin embargo, el director de Competencia y Transparencia de mercados del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Julio César Bendaña, defendió las sanciones discrecionales establecidas contra las empresas infractoras, porque según dijo esto protege al país de la competencia desleal, a la cual podrían prestarse algunas empresas privadas.
Bendaña aseguró que las multas son altas porque esto hará que una empresa piense dos veces practicar una competencia desleal en Nicaragua.
Pero Aguerri, presidente de Caconic, indicó que en el país ya hay una competencia desleal contra la empresa privada, porque el sector informal económico es mayor.
Aguerri y Castro aseguraron que gestionarán una modificación parcial de la ley, con el fin de que se establezca una multa menor. Durante la discusión de la ley, la empresa privada propuso que la sanción establecida por ésta debería rondar el máximo de cien mil dólares.
Castro añadió que otra de las inconformidades con la ley es que el veinte por ciento de la multa aplicada a una empresa, pasará al presupuesto del Instituto Nacional de Promoción de Competencia (Procompetencia), encargado de velar por la aplicación de la ley.
Según Castro, la entrega sugiere alguna parcialidad del Instituto. Se propone que este porcentaje se elimine de la ley.
