Se está celebrando en Managua la VII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en la que se destaca por razones obvias la participación del Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Cabe señalar que la celebración de este cónclave en Nicaragua y la presencia del Secretario de Defensa de Estados Unidos, no tienen nada que ver con la coyuntura electoral que hay en el país actualmente. Así lo han dejado en claro las autoridades nicaragüenses.
En efecto, Nicaragua fue escogida como sede de la VII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se celebra cada dos años en distintos países del hemisferio occidental, en su edición anterior que fue celebrada en Quito, Ecuador, en 2004. Además, la solicitud de Nicaragua para ser la sede de esta reunión, fue presentada en la V Conferencia de Defensa, que tuvo lugar en Chile, en el año 2002.
Sin embargo, a nuestro juicio es una afortunada casualidad que la celebración en Nicaragua de esta conferencia coincida con la campaña electoral que está en desarrollo, la cual, para la mayoría de los nicaragüenses es tan importante o más que la del 25 de febrero de 1990 porque el país se enfrenta a la disyuntiva de regresar al pasado dictatorial y aventurero, o avanzar hacia la consolidación y el desarrollo de la democracia y la vida en libertad, que tantos sacrificios ha costado a la nación, inclusive la vida de decenas de miles de personas.
En realidad, la celebración en Managua de la séptima conferencia bianual de los ministros de defensa del hemisferio occidental, permite poner en el contexto apropiado el grave peligro de que Nicaragua —en el caso de que Daniel Ortega y el FSLN se impusieran en las elecciones del próximo cinco de noviembre— pudiera ser nuevamente un foco de inestabilidad y amenaza a la seguridad regional, tal como lo fue en los años de 1979 a 1990.
Sin duda que muchos cambios han ocurrido en el país y el mundo desde la década de los años ochenta del recién pasado siglo veinte, cuando gobernaron Daniel Ortega y el FSLN. Y a propósito de la celebración en Managua de la VII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, cabe señalar que en términos generales las fuerzas armadas se dedican ahora sobre todo a la lucha contra el tráfico de drogas y de personas, y contra el terrorismo internacional, y no se inmiscuyen en los asuntos políticos de sus países. En Nicaragua, específicamente, uno de los cambios más importantes ha sido la transformación del Ejército, de una fuerza militar al servicio de un partido político y un Estado con vocación totalitaria, como era en los años ochenta, en la institución armada apolítica y apartidista, autónoma y de carácter nacional que es ahora.
Sin embargo, la grave posibilidad de que Daniel Ortega y el FSLN ganen las elecciones nacionales de noviembre próximo plantea las siguientes preguntas: ¿Respetarían Ortega y un nuevo gobierno sandinista la institucionalidad democrática del Ejército? ¿Es ya irreversible la institucionalización del Ejército de Nicaragua? ¿Se resistiría este Ejército —o apoyaría— a un plan de Daniel Ortega y el FSLN de restaurar el régimen dictatorial de vocación totalitaria , ya sea bajo la misma modalidad de los años ochenta o con la nueva forma, “ bolivariana”, a la que Daniel Ortega se comprometió en La Habana, a fines de abril de este año, con Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales?
Sin duda que el Ejército de Nicaragua, o más bien dicho los mandos militares son los más interesados no sólo en mantener sino que en desarrollar y profundizar su institucionalidad, su profesionalismo, su apartidismo y su apoliticismo. El Ejército es el que más ha ganado con la democracia, en cuanto a la seguridad económica y el lugar respetable que ahora gozan en la sociedad y ante todos los nicaragüenses. Por lo tanto es difícil creer que los militares vayan a echar todo eso por la borda, para secundar una nueva aventura revolucionaria.
Pero es preferible prevenir que lamentar. Y lo mejor es que los mismos ciudadanos impidan con sus votos, en las elecciones del 5 de noviembre, que Daniel Ortega gane el derecho a gobernar e intente una nueva aventura antidemocrática y militarista que arrastre al Ejército y a toda la nación.
