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Ya han pasado más de nueve meses desde que la Cámara de Representantes aprobó lo que los críticos calificaron como “el peor proyecto de ley migratoria en un siglo”.
El proyecto convirtió rápidamente a su principal proponente, el líder del Comité Jurídico F. James Sensenbrenner Jr., en el mejor organizador de la comunidad inmigrante en Estados Unidos. En un lapso de pocas semanas, cientos de miles de personas salieron a las calles en ciudades a lo largo del país para oponerse a lo que veían como el enfoque punitivo de Sensenbrenner a la inmigración.
Activistas hispanos y pro inmigrantes se sentían victoriosos. La legión de manifestantes sorprendió a muchos de ellos y llevó incluso a hablar de un nuevo movimiento de derechos civiles. El diario The New York Times declaró que las marchas representaban una “victoria decisiva” para la positiva imagen de los inmigrantes y que eran “imposibles de ignorar”. La legislación migratoria a partir de ese momento debía tener en consideración esta nueva fuerza.
Y lo hizo. Apenas dos semanas después de la última gran marcha del 1 de mayo, el Senado empezó a debatir en la plenaria la Ley de Reforma Migratoria Integral de 2006, aprobándola diez días después. El proyecto del Senado combinó la seguridad en la frontera con medidas para permitir que inmigrantes en Estados Unidos trabajen tanto temporal como permanentemente.
Pero, sin hacer mucho ruido, la Cámara regresó al tema de inmigración este septiembre y aprobó una serie de proyectos que incluían muchas de las medidas de seguridad del proyecto presuntamente muerto de Sensenbrenner. Entre ellos se encuentra requerir la detención obligatoria de cualquier extranjero considerado miembro de una pandilla y permitir que la policía estatal y local haga cumplir leyes federales de inmigración. Otra de las propuestas originales —la construcción de 700 millas de muro de alta tecnología a lo largo de la frontera sur occidental— resurgió en la Ley para una Valla Segura del 13 de septiembre. El proyecto pasó en la Cámara con 44 votos más que los obtenidos por la legislación original en diciembre, incluidos 33 de demócratas que habían votado en su contra en diciembre.
Lo más probable es que estos proyectos de la Cámara nunca se conviertan en ley. Pero el hecho de que iniciativas legislativas exclusivamente concentradas en la seguridad siguen todavía en juego lo lleva a uno a preguntarse qué sucedió con el ímpetu de las marchas. ¿Cómo pudo disiparse tanta energía en tan poco tiempo?
Para Nativo López, uno de los principales organizadores de las marchas, los votos en la Cámara simplemente demuestran que la población migratoria en este país no cuenta con un partido político que la represente. “Muchos tienen la ilusión que el partido Demócrata pueda servir como el partido para los inmigrantes, para los trabajadores y para los latinos”, dijo. Y aunque hay voces moderadas en el tema de inmigración entre republicanos y demócratas en la Cámara, sin el apoyo del partido no se han hecho sentir recientemente.
En una conversación con editores y reporteros del Washington Post la semana pasada, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, explicó la persistencia de medidas exclusivamente punitivas como una falla —tanto de su gobierno como de la Casa Blanca— al no prevenir que extremistas se apoderaran de la agenda de reforma migratoria.
Para el presidente Bush, las marchas simplemente no fueron suficientes para mantenerlo comprometido con un enfoque integral ante la inmigración —por el que ha abogado por años. Precisamente cuando el Senado empezó su debate en mayo, Bush estaba en cambio apelando a las voces extremas de su partido, al llamar a que se redoblaran los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense y se desplegaran a la frontera, mientras tanto, a 6,000 miembros de la Guardia Nacional.
Las marchas continuaron en septiembre, pero el elemento de sorpresa y las legiones de participantes ya no estaban. Los organizadores aseguran que están reorientando su estrategia a largo plazo hacia un cambio en la forma como el congreso trata el tema de inmigración, que cumple con el eslogan de los manifestantes: “Hoy marchamos, mañana votamos”.
Aseguran que hay 14.2 millones de potenciales votantes entre los inmigrantes legales y que 12.4 millones de ellos podrían votar en las elecciones del 2008. Algunos son residentes permanentes que pueden hacerse ciudadanos naturalizados y otras están entre los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos. Hasta ahora, sin embargo, no ha habido “ninguna señal de un nuevo boom histórico de votantes”, según un reciente análisis de la Associated Press sobre las cifras de votantes registrados en principales áreas urbanas donde se llevaron a cabo las marchas.
No hay duda de que las fuerzas pro inmigrantes no convencieron a los políticos de que eran suficientemente fuertes como para que los cortejaran en este año electoral. Los activistas que buscan medidas exclusivamente de seguridad, ganaron. Todavía está por verse si llegará el día en que aprobar una legislación pro inmigrante sea la acción política más conveniente. Lo que importa en materia legislativa no es cuántos participantes contabilice la Policía del Servicio Nacional de Parques frente al edificio del Capitolio, sino cuánto puedan esos participantes influir los votos adentro.