Los brasileños acuden hoy domingo a elecciones generales marcadas por el favoritismo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y una guerra sin cuartel entre su Partido de los Trabajadores (PT) y la oposición socialdemócrata, a pocas horas de abrirse las urnas.
El PT presentó a última hora del sábado a la justicia electoral una acción legal para impugnar la candidatura presidencial del socialdemócrata Geraldo Alckmin, “por usar indebidamente los medios de comunicación para perjudicar a Lula”, dijo a la AFP un portavoz de la campaña por la reelección.
Días atrás la coalición que apoya a Alckmin, integrada por el PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), PFL (Partido del Frente Liberal, derecha) y PPS (Partido Popular Socialista, izquierda), elevó también a la justicia electoral un pedido de impugnación de la candidatura de Lula por presunto abuso económico.
El actual Presidente encabeza las últimas encuestas de intención de voto de Ibope y Datafolha que coinciden en otorgarle 53 por ciento de los votos válidos —lo que aseguraría su reelección— contra el 35 por ciento asignado a Alckmin.
El PT resolvió pedir la impugnación de Alckmin después que una fuente policial divulgó a la prensa fotos del dinero (un equivalente a 800,000 dólares) que iban a usar militantes del PT para comprar documentos que presuntamente comprometerían en un esquema de fraude al Estado a los socialdemócratas José Serra, candidato a gobernador del Estado de Sao Paulo, y Alckmin.
“Con certeza (la divulgación de las fotos) es consecuencia de la coordinación entre alguien del PSDB y alguien de la Policía federal”, comentó el ministro de Relaciones Institucionales, Tarso Genro.
“Es una tentativa de las élites de patear la mesa” y “un acto ilegal de desesperación”, dijo Genro. La Policía Federal comunicó que las fotografías son parte de una investigación secreta por determinación judicial.
El escándalo desatado por el intento de compra de los documentos le costó el puesto a un asesor de Lula y al coordinador de su campaña, Ricardo Berzoini, presidente del PT, y puso al mandatario a la defensiva. Lula dijo que nada sabía del asunto, que atribuyó a “chiflados”.
El pedido del PSDB contra Lula se basó en el mismo incidente, para que se investigue si el Presidente podía estar involucrado en el intento de compra de los documentos contra los socialdemócratas.
El mandatario esperaba una reelección fácil, por la fuerte recuperación de su popularidad tras las graves acusaciones que el año pasado provocaron la caída de sus principales ministros y de la cúpula del PT, por presunto pago de sobornos a diputados.
Pero en las últimas dos semanas este nuevo escándalo agitó la campaña y desató la guerra entre el PSDB y el PT, con los pedidos de impugnación de las candidaturas de los principales candidatos.
En ese clima, 126 millones de brasileños acudirán a votar para elegir al Presidente, congresistas y gobernadores de la mayor democracia latinoamericana.
Lula llega en un ambiente diferente al de su triunfo de 2002. El ex sindicalista no enfrenta ahora la hostilidad de los mercados, pero está a la defensiva por las denuncias que golpearon a su entorno.
Alckmin apuesta a que el Presidente caiga por debajo del 50 por ciento, lo cual exigiría una segunda vuelta electoral el 29 de octubre. Aparte del Ejecutivo, los brasileños renovarán los 513 escaños de la Cámara de Diputados y un tercio (27 de un total de 81) de los escaños del Senado. También elegirán a los 27 gobernadores de sus estados y a sus asambleas regionales.
