El anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que ya recibió un dictamen favorable de la Comisión de Justicia del Parlamento, contempla que todas las instituciones públicas y otras privadas que manejen recursos del Estado tienen la obligación de suministrar información a cualquier persona que la solicite.
“La presente ley tiene por objeto garantizar y regular el ejercicio del derecho a la información pública, existente en los documentos, archivos y bases de datos de las instituciones del Estado, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen recursos públicos o sean concesionarios del servicio público”, establece el primer artículo del anteproyecto de ley.
María Adilia Serrano, asesora legal de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que por años ha impulsado la iniciativa, comenta que el anteproyecto de ley no es el mejor, en comparación con las legislaciones de acceso a la información en otros países, pero si los diputados la aprueban sería un avance.
La iniciativa ya recibió un dictamen favorable de la Comisión de Justicia, integrada por diputados de las tres bancadas del Parlamento, pero ha sido sacada de la agenda del día en dos ocasiones y los legisladores no ponen todavía una fecha para discutirla.
HAY OTRAS PRIORIDADES
“La ley es una garantía tanto para el ciudadano como para las instituciones y nosotros no le vemos ninguna posibilidad de que no sea aprobada”, dijo el diputado Wilfredo Navarro, quien pertenece a la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la más grande de la Asamblea Nacional.
Navarro argumenta que la iniciativa se ha sacado de la agenda del día, no porque existan intenciones de no aprobarla, sino porque se han establecido prioridades en la agenda del Parlamento.
“Yo no creo que falte voluntad política, lo que pasa es que se han ido estableciendo prioridades. Hemos recibido presiones por leyes específicas, las leyes que nos han estado exigiendo los organismos internacionales”, dijo el miércoles Navarro, luego de terminar la sesión del Parlamento.
El legislador liberal dijo que su bancada votará a favor de la ley, misma a la que catalogó de excelente porque viene a llenar un vacío y le da al ciudadano la posibilidad de estar informado, “para que los funcionarios que están en el Estado no crean que pueden ocultar la información al ciudadano que le paga su salario”, expresó.
Interioridades de la Ley
De ser aprobada como está la iniciativa, las instituciones del Estado tendrían que crear una Oficina de Acceso a la Información Pública, que facilitaría gratuitamente la información. Se cobraría nada más el costo de reproducción del material.
El periodista Joel Gutiérrez, director de noticias de Canal 2, dijo el jueves pasado en un foro organizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN), que las oficinas de Relaciones Públicas que funcionan en todas las instituciones del Estado deberían reacomodarse y que de esa manera funcione también la Oficina de Acceso a la Información Pública.
La iniciativa establece que para tener acceso a la información los interesados podrán solicitarla de forma verbal, identificando a la autoridad a quien se solicita la información.
Tienen que presentar su cédula de identidad, facilitar su dirección, detallar bien la información que se requiere y señalar un lugar para recibir la información o las notificaciones.
“Es responsabilidad de las autoridades correspondientes darle respuesta a las solicitudes que se les presenten, de manera inmediata o dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles”, dice el Artículo 19. El 20 señala que el plazo puede ser prorrogado otros 15 días si la información se encuentra en otra dependencia o alejada de la oficina donde se solicitó.
Si niegan información se debe acudir a los tribunales
El ciudadano, cuando le nieguen el acceso a la información, puede recurrir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Si el funcionario administrativo no acata la orden judicial, será responsable del delito de desacato y el interesado deberá realizar la denuncia ante el Ministerio Público”, establece el Artículo 31 de la propuesta de ley.
Oportunidad para los periodistas
El veterano periodista Mario Fulvio Espinoza, en representación del CNP, dijo el jueves pasado que aunque en la ley no se menciona la palabra periodismo o periodistas, serán parte de la gran colectividad dispersa favorecidos por la misma.
“El libre acceso a la información tiene íntima relación con los valores sobre los que sustentamos nuestra propia profesión. Viene por ejemplo a ampliar el compromiso que tenemos con la objetividad periodística en el sentido que, a través de la investigación, podremos con la ley trascender las dos caras tradicionales de la moneda”, resaltó.
Espinoza expresó que el anteproyecto “ha salido como David a pelear en campo raso contra enemigos formidables. Por algo la engavetaron quienes debían aprobarla”.
“¿Quiénes son los enemigos de esta ley? Mencionemos algunos, la corrupción, los extremismos políticos, el dogmatismo, el camaleonismo, la burocracia, el servilismo, el injerencismo, el pactismo y el venadeo entendido como la compra y venta de criterios”, dijo Espinoza.
Espinoza también llamó a reflexionar sobre otros enemigos de la ley, que a su juicio son: la ignorancia, el facilismo, la pereza, la frivolidad, la pereza intelectual, la vulgaridad, el amarillismo, la sangre y el escándalo como falsas formas de hacer periodismo.
“Mas allá de lo mencionado, el libre acceso a la información tiene íntima relación con la verdad que debe ser paradigma de la libertad de expresión y prensa. No debe existir una libertad de expresión para decir mentiras. De sobra sabemos que con mentiras se fabrican las guerras, se corrompe la moral (...) y se atrofian las mentes de las nuevas generaciones. La libertad de prensa en manos de la mentira es una aberración”, dijo.
