Releyendo una Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el impacto de la economía electrónica en las empresas de este continente, tomando en cuenta el impulso científico que Estados Unidos da a las nuevas tecnologías, y observando el pujante avance de los países desarrollados de Asia en este sector, se puede apreciar que el mundo está frente a una economía competitiva y dinámica basada en el conocimiento.
De acuerdo al comportamiento geopolítico y económico de estos tres grandes bloques, las tecnologías revolucionan aceleradamente el ámbito macro y microeconómico de las naciones, pasando por la creación de empleos, ajustes de la competencia, un marco laboral más exigente, cambios en las estructuras organizativas y comerciales, creación de nuevas empresas, adaptación o sustitución de las tradicionales, control de los riesgos en una economía electrónica, ampliación y novedad de los productos, etc., hasta llegar a un sólido marco legal que brinde seguridad jurídica a las inversiones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Es así que en países como los de América Latina, donde hay un comportamiento político girando hacia la izquierda, según los resultados electorales de Ecuador, Nicaragua, Brasil, Chile y Bolivia, la inversión en las nuevas tecnologías necesariamente merece una mayor atención de estos gobiernos para que haya una creciente productividad que redunde en una elevada competitividad de las empresas y un mayor aporte en general para la economía de estas naciones y contribuir a reducir la brecha digital.
Por tanto, es urgente que en naciones como Nicaragua, se estimule la cultura empresarial, se incrementen los niveles de formación en las TIC necesarios para participar eficazmente en la economía electrónica, se aumente la capacidad de las empresas para competir en una economía moderna y se mejore más el funcionamiento del mercado interior.
Lo anterior pasa por la agudeza y el grado de responsabilidad que deben tener las nuevas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo al crear, impulsar y desarrollar políticas orientadas al desarrollo tecnológico que impliquen una prometedora economía electrónica. Además, es oportuno señalar que igualmente urge que la empresa privada continúe con el apoyo a este tema.
Asimismo, es necesario que la Asamblea Nacional tramite varias leyes orientadas a robustecer el marco legal que daría seguridad jurídica en una economía electrónica, sin lo cual se continuaría en una incertidumbre y poca motivación para el sector. A esto se suma que hay muchas expectativas alrededor de lo que ocurrirá con los nombramientos de las autoridades de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), que incluye, por supuesto, al superintendente y al intendente de Telecomunicaciones, nombrados por el parlamento.
Para las operadoras telefónicas en el país seguramente no es nada agradable lidiar con los funcionarios del presidente Enrique Bolaños o con los nombrados por el parlamento, quienes se han enfrascado en una lamentable lucha por autoproclamarse titulares del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Esperemos que las nuevas autoridades gubernamentales quiten las barreras que hasta hoy han sumergido en un letargo al desarrollo tecnológico de Nicaragua y que en el futuro inmediato se apunte a un mayor crecimiento de este sector.
