Nicaragua es un país de “alto riesgo” por las operaciones de lavado de dinero o activos en cualquier escala, señala el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), en una investigación realizada sobre los alcances e implicaciones económicas del crimen organizado en Nicaragua: propuestas para la adopción de políticas públicas.

La investigación desarrollada con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y Fundación Para la Paz y la Democracia de Costa Rica, determinó que Nicaragua está en alto riesgo debido a la politización que han hecho de ese delito, así como las debilidades en las funciones de diferentes instituciones destinadas para combatirlo y que va desde el Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas hasta la Superintendencia de Bancos y los tribunales.

La investigación refiere que aunque las autoridades descartan grandes operaciones de lavado a través de los bancos, esto no significa que este delito no se cometa en “escalas considerables” en un sector no controlado como es la construcción y el turismo entre otros, pero su impacto en estos sectores no se puede medir porque no hay datos oficiales. Las autoridades presumen que Nicaragua también es ruta del lavado.

La investigación recomienda aprobar la iniciativa de ley que establece como autónomo el delito de lavado de dinero, para que resuelva el problema de interpretación que existe en relación a este delito en la Ley 285, de Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Controladas.

Este documento será entregado a los operadores de justicia del país, a los diputados y a representantes de otras organizaciones, el próximo 4 de diciembre, durante un seminario en la Asamblea.

Roberto Orozco Betancourt, quien junto a Eduardo García Herdocia realizó la investigación, dijo que esta se centra en el marco jurídico con que cuenta el país, tanto en tratados internacionales como leyes internas para combatir, controlar, prevenir y sancionar el lavado de dinero, como expresión del crimen organizado y un diagnóstico que indica “sobre qué tan preparada está Nicaragua para enfrentar este delito”.

“El delito de lavado de dinero en Nicaragua está más ligado al narcotráfico… pero ese es un problema derivado de la politización en este país”, dijo Orozco, tras señalar que esta situación fue generada con la detención del ex presidente y reo Arnoldo Alemán. Y en esto, según Orozco, la principal responsabilidad recae en la Fiscalía, con la interpretación que hacen del lavado de dinero únicamente como delito conexo al narcotráfico.

CERO JUICIOS

Desde octubre del 2002 hasta agosto del 2004 la Comisión de Análisis Financiero (CAF) recibió 286 reportes “de actividades inusuales”, mientras la Superintendencia de Bancos reportó 57 transacciones inusuales, de éstos sólo nueve reportes están en fase adelantada de una investigación según la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), de la Policía Nacional, “pero de eso cero juicios porque no están vinculados a la actividad de narcotráfico”.

Orozco apunta que existe otro problema, aunque las investigaciones recaen en el DIE, de la Policía Nacional, miembro de la CAF, la Fiscalía es la que la preside, por lo que también es la que determina que hay actividad sospechosa únicamente cuando está relacionada con el narcotráfico. El Ministerio Público “ha asumido la interpretación que el lavado de dinero sólo es conexo con el narcotráfico”.

“La politización del lavado de dinero perjudica gravemente el sistema de justicia, por cuanto ninguna actividad sospechosa de lavado de dinero que esté fuera del delito del narcotráfico se procesa, se administra, se analiza y se sanciona judicialmente”, manifestó Orozco.

FALTAN POLÍTICAS

Orozco también apunta que aunque la ley coloca en un primer eslabón en contra de estos delitos al Consejo Nacional de Lucha Contra la Droga, esa institución aún no define políticas nacionales para enfrentar estos delitos.

“El Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas no ha desarrollado a la fecha ninguna política nacional, en segundo lugar no cuenta con presupuesto para poder operar, en tercer lugar la gente que lo integra es gente que tiene sus principales funciones en otras instituciones y por lo tanto las funciones dentro del Consejo Nacional de Lucha Contra la Droga pasan a un segundo y tercer plano”, criticó Orozco.

Además indicó que el Consejo únicamente funciona como una oficina de enlace del país con organismos internacionales, ante los cuales el país está adscrito.

El IEEPP propone también reformas a la Ley 346, o Ley Orgánica a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIBOIF), para que su ámbito de control se amplíe a las microfinancieras, organismos no gubernamentales que trabajan con microfinancieras y los casinos.