Sólo dos países latinoamericanos —Costa Rica y Uruguay— figuran como “democracias plenas” en un índice de democracia elaborado por la revista inglesa The Economist.

Ese honor le toca a 28 de los 192 estados independientes considerados en el trabajo. La gran mayoría de los países de América Latina se ubican en la lista de las “democracias defectuosas” que suman 54. Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Haití son considerados “regímenes híbridos”. La nómina más larga (55 países) es la de los no democráticos —“ regímenes autoritarios”— y ahí está Cuba.

Es sabido y se repite hasta el cansancio que América Latina es un continente de contradicciones. Una de ellas es que Cuba y su dictador constituyan el ejemplo y guía para unos cuantos gobiernos de la región que manejan democracias defectuosas o regímenes híbridos. En función de ello parecería que el objetivo y sueño es llegar al autoritarismo y alejarse lo más posible de cualquier cosa que se parezca a una democracia plena.

Lo llamativo y quizás la mayor contradicción es que todos estos países, salvo Cuba, están considerados democracias por la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Esta no hace diferenciación ni fija categorías: todos son buenos muchachos.

Para la alicaída y poco influyente organización basta con que se realicen elecciones para entrar en el grupo de las democracias plenas. Es un dato importante, pero tiene sus aristas: los Somoza, Trujillo, Stroessner, jamás dejaban de convocar a elecciones y siempre les iba de maravillas.

Sin llegar a los extremos citados, últimamente en algunos países de la región ha habido denuncias fundadas sobre abusos de poder que afectan la normalidad de las elecciones y que hacen difícil hablar de “elecciones libres”.

En Argentina, por ejemplo, se ha acusado al gobierno de Kirchner de haber distribuido una torta publicitaria inmensa sólo entre la prensa amiga o no independiente en el período previo a las últimas elecciones legislativas. Se entiende que eso ayudó mucho al triunfo oficialista, y complementó muy bien el esfuerzo del partido de gobierno que en muchas zonas de Buenos Aires distribuyó aparatos electrónicos para el hogar, pagado con dineros públicos. Este tipo de conductas ¿ no hace ninguna mella? ¿Se puede seguir hablando de elecciones libres?

En los próximos días se realizarán elecciones en Venezuela. Con observador de la OEA y todo.

Menuda tarea es la que le espera al embajador uruguayo Juan Enrique Fischer y sus colaboradores.

Seguramente el diplomático observador tendrá presente lo que decía y enseñaba respecto a las elecciones su compatriota, el profesor Justino Jiménez de Aréchaga, reconocido jurista que presidió con brillantez la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Jiménez siempre advertía a sus alumnos sobre que el fraude eleccionario no necesariamente se cometía al acto de votar —que podía discurrir normalmente— si no que era más común y seguro después, al ordenar y contar los votos, o más disimulado y no menos efectivo antes: cuando se limitaba la libertad de prensa o desde el poder se hostilizaba a los opositores y se usaban los dineros públicos para “convencer” a los votantes.

Es difícil sostener que en Venezuela los medios no pueden decir lo que quieran. Basta mirar la televisión, oír la radio y leer la prensa para comprobar que ése no es el problema. Es difícil al mismo tiempo negar e ignorar la hostilidad del gobierno a la prensa no oficialista: las amenazas de cierres, de cancelación de concesiones, más las acusaciones de terroristas, enemigos, desestabilizadores, que sin ningún tipo de límites profiere el comandante Chávez y sus seguidores son permanentes y resultan, por lo menos, perturbadoras para el normal desarrollo de la actividad periodística. ¿Cómo afecta la normalidad de los comicios esa conducta de Chávez?

Y si ello es difícil de ponderar, mucho más difícil es establecer en qué medida se afecta y limita la libre decisión de los votantes cuando éstos son funcionarios y sobre sus cabezas pesa —como quedó en descubierto— la amenaza de la pérdida del empleo si no votan al oficialismo.

Aunque pasen este tipo de cosas ¿igual se puede hablar de elecciones libres o de elecciones limpias?

Es cierto que la Carta Democrática es de manga muy ancha al igual que el Mercosur, aún a despecho de las exigencias democráticas de su estatutos, pero esto no le facilita la gestión al observador. No va poder conformar a todos, tiene que bailar con la más fea y además todo el mundo lo va a estar mirando.

Periodista uruguayo.