Fuerzas especiales de la Policía Nacional expulsaron el martes a un grupo de 200 personas, en su mayoría de la tercera edad, que se tomaron el edificio de la Cooperativa Santa Ana, como forma de protestar por la exclusión de sus supuestos derechos de socios.
El desalojo fue orientado por Socorro Toruño, Juez Segundo de lo Civil, mediante oficio que giró rápidamente en respuesta al amparo de la posesión que introdujo Milán Bonilla, en representación de la directiva de esa legendaria organización cooperativista, en Chinandega.
Entre los afectados figura María Avelares, viuda de Félix Antonio Avelares, productores de la comarca Guanacastillo, Puerto Morazán, quien dijo que desde hace 27 años que murió su marido quedó como socia y que en ningún momento recibió notificación de su baja.
“No aparezco en los listados, pero tengo en mi poder la libreta de ahorros, mi carnet y otras pruebas, demando participación en el proceso de liquidación”, indicó.
Los reclamantes se tomaron las instalaciones físicas de la Cooperativa desde el pasado 16 de octubre y habrían resistido al lanzamiento, sin embargo fueron persuadidos porque su protesta no fue canalizada “adecuadamente”.
RECURSO DE REVISIÓN
Según el licenciado Adolfo Calero, defensor de los ex socios, dijo que están en tiempo y forma para promover un recurso de revisión ante la Dirección General de Cooperativas, en Managua, pues la misma resolución 04-006 de esa cartera, indica que fueron socios de la cooperativa, pero el procedimiento que utilizó la cooperativa para dar de baja a los socios no es el que señalan los estatutos.
