Rendición de cuentas La iniciativa de ley contempla que, además de obligar a las entidades públicas a rendir cuentas, también obligue a las sociedades mixtas y entidades privadas sean éstas subvencionadas, concesionarias o que de una u otra manera administren y manejen recursos públicos, a poner a disposición de la sociedad civil la información que se solicite. Sin embargo, el diputado sandinista Bayardo Arce propone que esta condición se amplíe a empresas e instituciones privadas que son exoneradas. Otra de las propuestas del grupo Promotor es que el acceso a la información no le sea costoso al ciudadano y que la ley se aplique con el menor presupuesto posible. “No queremos que esta ley cree un aparato que demande una buena cantidad de dinero del Presupuesto General de la República”, señaló Armando Palma, del grupo Hagamos Democracia. Por otra parte, el presidente de la Comisión de Justicia del parlamento, el liberal Noel Pereira Majano, calificó como “de lujo” el dictamen del proyecto de ley. Asimismo, manifestó que todavía no le informan respecto a las mociones y añadió que no debería violentarse el espíritu de la ley: permitirle a los ciudadanos solicitar y conocer la información pública. “No han informado, pero el plenario es soberano y puede hacer cualquier moción, pero siempre debemos tratar que no se distorsione la finalidad de la ley”, advirtió Pereira Majano.

Habeas Data El Grupo Promotor destaca que un aporte importante a la iniciativa fue la inclusión del Habeas Data, concepto jurídico que plantea la protección de los datos personales, en este sentido se prevé la protección de toda información personal que esté en manos de las entidades públicas.

El desconocimiento de algunas mociones a la Ley de Acceso a la Información Pública, que propondrían los diputados durante el proceso de discusión y aprobación, y la inviabilidad de otras son puntos que inquietan al Grupo Promotor de esta ley.

Así lo dieron a conocer ayer representantes de diferentes organismos que conforman este grupo.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, miembro del Grupo Promotor, advirtió que llama la atención que a última hora algunos diputados introduzcan mociones a esta ley, cuyo dictamen ya está en la agenda del Poder Legislativo como uno de los temas prioritarios, y llamó a los diputados a explicar con detalles estas mociones antes de su aprobación.

Según esta fundación, el diputado sandinista Edwin Castro, propone una moción vinculada a los medios de comunicación, en la que el manejo de la información pública puede implicar procesos legales a los periodistas que investiguen a funcionarios con indicios de actos reñidos con la ley.

PREOCUPACIÓN

En este sentido, Orestes Papi, consultor de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, externó preocupación porque la moción relacionada a la labor de los medios de comunicación puede coartar la libertad de prensa y la libertad de investigación de los periodistas.

Papi explicó que la moción propone que “si al final de cuentas las presunciones (investigadas por un periodista) no se comprueban, los medios de prensa tienen la obligatoriedad de hacer público de que las presunciones no existen”.

En este sentido, agregó que es algo muy ambiguo, porque el periodista no es juez.

Agregó además que si el caso no se dilucida y persiste la duda, a cualquier funcionario se le puede ocurrir, interpretando erróneamente la ley, acusar al periodista y la situación se revertiría.

“Hay que tener mucho cuidado (…) en que no se vaya a arremeter contra los periodistas y perder de vista a la persona que ha sido indiciada, porque el que tiene que rendir cuentas en todo caso es el indiciado y no el medio”, indicó.

Por su parte, Mario Quintana, de la Coordinadora Civil, dijo que el Grupo Promotor junto a la Comisión de Justicia trabajó en los cambios a la iniciativa y a largo de este ejercicio hubo satisfacción en ambas partes. Quintana abogó porque los cambios que algunos diputados quieren hacer a última hora “ojalá sean para mejoría”.