Un informe ejecutivo de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la construcción de la carretera Chinandega-El Guasaule, indica que existe un “posible perjuicio económico” de 3.3 millones de dólares en dicho proyecto.
El informe precisa que el perjuicio es porque no se concluyeron las obras de construcción de ese proyecto.
El documento se denomina “informe ejecutivo al 22 de noviembre de 2006, auditoría especial al proyecto carretera Chinandega-El Guasaule”.
PERJUICIO ECONóMICO
“Posible perjuicio económico hasta por la cantidad de US$3,394,221.10 … ya que no se concluyeron las obras de rehabilitación de los primeros 44.5 kilómetros, que de acuerdo a lo contratado se iniciaron en la localidad de Chinandega, aplicándose los recursos antes señalados en obras fuera de ese tramo, contraviniendo lo dispuesto en el contrato de construcción … suscrito entre el Ministerio de Transporte e Infraestructura y la Empresa constructora Tradeco Infraestructura S.A. de C.V…”, dice el informe al que LA PRENSA tuvo acceso.
Sobre estos hallazgos, el ex ministro de Transporte, Pedro Solórzano, ya fue notificado y se le concedieron 15 días para que los aclare, según indicó una fuente de la CGR cercana a las investigaciones.
CARRETERA MÁS CARA
La entidad fiscalizadora audita el proyecto, y otro de los hallazgos de la auditoría giran sobre la ampliación de los honorarios a la empresa supervisora, el consorcio Tec Cía, & Idisa, hasta por 15.9 millones de córdobas, que fue publicado el martes por este Diario.
Según la CGR, en el acuerdo suplementario número cuatro del contrato que en calidad de ministro del MTI suscribió con el consorcio Tec & Cía. Idisa, Pedro Solórzano le amplió los honorarios a esa empresa hasta por 15.9 millones de córdobas.
El MTI y la empresa Tradeco suscribieron un contrato de construcción de la carretera, sobre la base de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el gobierno de Nicaragua, por 19.5 millones de dólares.
NO PAGARON IVA
Por otro lado, el informe señala que no se realizaron pagos de Impuesto al Valor Agregado, bajo el argumento de que los fondos del proyecto se habían agotado.
“A mayo de 2006 no se emitieron pagos en concepto del 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los avalúos de construcción números 18, 19, 19 a) y 20 hasta por la cantidad de US$ 477,957.76 dólares, y que según comunicaciones del 28 de septiembre, 11 de agosto y primero de noviembre del año 2005, suscritas por el director de Unidad Cordinadora de Proyectos de Recursos Varios, el IVA de estos avalúos no se pagará, en vista de que los recursos de los fondos ordinarios asignados a este proyecto para este fin han sido agotados, aún y cuando este concepto ya se encontraba presupuestado con fondos del Tesoro dentro del contrato de construcción suscrito por el MTI con Tradeco…”, indica el documento, que será analizado por los contralores.
QUEDARÁ A MEDIO TERMINAR
Los trabajos para este proyecto se encuentran suspendidos desde agosto de 2004, debido a que los fondos asignados se agotaron y la Asamblea Nacional no ha aprobado el desembolso del fondo complementario aportado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El contrato con Tradeco fue por 30.5 millones de dólares, de los cuales 19.5 millones fueron desembolsados a Tradeco. Los 11 millones de dólares restantes se encuentran en espera de ser aprobados por los diputados.
El proyecto ha sido cuestionado desde que investigaciones periodísticas revelaron que la consultora Frederick Harris, contratada por el MTI, estableció que el valor real del proyecto era de 20 millones de dólares, lo cual fue confirmado por la Cámara Nicaragüense de la Construcción.
Sin embargo, el MTI ha rechazado insistentemente que se haya adjudicado el proyecto con un sobreprecio, y de acuerdo al informe, esto se debió a que el estudio de la consultora no tomó en cuenta los costos unitarios del proyecto y que dicho argumento fue aceptado por el BCIE.
