Preocupado con las recientes explosiones en bodegas clandestinas de pólvora que han producido pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales, un habitante del barrio San Judas denunció públicamente que su vida y la de sus familiares están en peligro por la existencia de un taller de juegos pirotécnicos aledaño a su vivienda.

El afectado, Oscar Guerrero Reyes, en una carta que envió a la primera comisionada Aminta Granera, Directora de la Policía Nacional, explicó que él y su familia tienen temor de que ocurra algo similar a las tragedias que se han vivido en el Mercado Oriental y en Nandaime.

El taller de pólvora está ubicado cerca de la escuela Pablo Sexto, en el barrio San Judas, y tiene el nombre de Inmaculada Concepción de María. Su propietario es Juan Ramón Galán, quien no se encontraba cuando LA PRENSA se hizo presente en el lugar.

Milagros García, esposa de Galán, mostró los permisos que tanto la Alcaldía de Managua como la Policía Nacional han otorgado al negocio de pólvora de su marido, el cual cuenta sólo con cinco barriles de agua y dos de arena para controlar cualquier conato de incendio, ya que el agua se va durante todo el día en el sector.

Para sorpresa del demandante, las autoridades edilicias dieron lugar a un recurso de apelación que introdujo Galán para que no le reubicaran el negocio.

Aunque el jefe de la Dirección de Armas de la Policía, comisionado mayor Xavier Dávila, no dijo si ese taller está regulado o si procederán a investigarlo, indicó que las delegaciones del país trabajan en la ubicación de estos locales.

“Cuando sea evidente que la ubicación del taller no cumple con las condiciones que señala la ley, nosotros actuamos de oficio, pero si existiera la queja de la ciudadanía nosotros actuaríamos en auxilio de la población para reubicar el taller si comprobamos que hay amenazas a la seguridad ciudadana”, sostuvo Dávila.

La Policía registra 95 talleres de pólvora en los departamentos donde hay mayor concentración de estas fábricas como Masaya, León y Managua, pero también tienen reportados talleres en Chontales, Granada, Carazo, Chinandega y Rivas en menor cantidad.

En cuanto a las críticas que les hacen por autorizaciones por cinco años a estos talleres, Dávila recordó que así lo establece la Ley 510.