El presidente electo Daniel Ortega Saavedra reconoció ayer que el sistema de justicia en Nicaragua está débil porque algunos magistrados están obstaculizando la puesta en marcha y aplicación de la Ley de Carrera Judicial aprobada a finales del año pasado.
Dicha ley contempla que los jueces y magistrados sean elegidos por sus méritos académicos y profesionales y que sean tomados en cuenta sus títulos y grados universitarios, especializaciones y postgrados realizados en el extranjero así como los años de servicio.
Ortega manifestó ayer después de un encuentro que sostuvo con un grupo de 25 académicos de Estados Unidos, entre los que se encontraba el escritor Richard Millett, que la justicia nicaragüense no funciona porque algunos magistrados, sin especificar quiénes, obstaculizan la aplicación de la Ley de Carrera Judicial.
“Hemos hablado ampliamente sobre este tema con todos los organismos internacionales y con la Comunidad Europea y estamos claros que la Ley de Carrera Judicial es la solución, ahí está la llave”, indicó Ortega.
Esta ley, según Ortega, ya fue aprobada, el problema es que no se respeta y no está siendo aplicada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La bloquean
“No son todos los magistrados, sino algunos que han estado bloqueando la aplicación de la Ley de Carrera Judicial y esperamos que con los cambios que habrán de producirse y sobre todo por la presión de la demanda popular, la comunidad internacional y el mismo gobierno finalmente se cumpla con el acatamiento de una ley que ya está aprobada”, señaló el próximo Presidente de Nicaragua.
El magistrado Rafael Solís de tendencia sandinista reconoció que son los magistrados liberales los que están obstaculizando la aplicación de dicha ley.
“Sí, así es, ya la normativa, que es el reglamento de la ley tiene ocho firmas (magistrados sandinistas), faltan las firmas de los siete magistrados liberales”, indicó Solís.
Actualmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está integrada por 16 magistrados, ocho de tendencia liberal e igual número de magistrados sandinistas. Sin embargo, al magistrado Iván Escobar Fornos, de tendencia liberal, ya se le venció el período.
Solís manifestó que con la firma de esos magistrados (liberales) los nombramientos de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendrían que hacerse por concursos y “ya la Corte no puede nombrar jueces una vez que entre en vigencia la normativa, que es el reglamento que pone en vigencia la ley en un ciento por ciento”, señaló.
El magistrado sostuvo que el miércoles de la próxima semana tendrán una sesión de corte plena para aprobar la ley.
Indicó que los jueces de familia que serán nombrados en enero próximo, serán escogidos por concursos.
Funcionarios del Banco Mundial (BM) en el país han dicho que sin la independencia del Poder Judicial no se puede hablar de Estado de Derecho.
La selección de funcionarios
Según la Ley de Carrera Judicial la CSJ podrá proponer al Presidente de la República y a los diputados, a candidatos que sean miembros de la Carrera Judicial para ser electos como magistrados de la misma.
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial en un período de un año a partir de la vigencia de la ley, procederá a evaluar el desempeño de todos los funcionarios de Carrera Judicial para determinar su permanencia en la Carrera.