La Procuraduría Ambiental de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), abrió un proceso administrativo en contra de los funcionarios de Inafor, Guillermo Zamora, delegado en Waspam; Miguel Abella, de Puerto Cabezas; Kirk Smith, delegado distrital en Las Minas, y Ali Watters, delegado distrital en Puerto Cabezas, por ser presuntos facilitadores del tráfico ilegal de madera en la Región, según confirmó el procurador Julio Rodríguez.
El Procurador Ambiental dijo que más de mil tucas ilegales que fueron introducidas a los patios de la empresa Inforasa en el municipio de Rosita, sin numero de guías, en el municipio de Prinzapolka encontraron tucas con doble registro, el primer registro fue borrado con pintura y luego fue escrito otro número, esta irregularidad fue encontrada en madera propiedad de la empresa indígena Limi Nawah.
Hace una semana el delegado de Inafor en Siuna, Fadel Mercado Lazo, denunció que sigue la extracción de madera de la RAAN, por Siuna pasan un promedio de 159 mil pies tablares cada mes, incluyendo madera que esta prohibida. Supuestamente la extracción es con la venia de los delegados en Waspam, Bilwi y Rosita.
El funcionario indicó que la madera es procedente de los municipios de Rosita y Waspam, y específicamente del aserrío Santo Domingo.
Los funcionarios del Inafor alegaron que el procurador inició este proceso por desconocimiento o mala interpretación de la ley.
Aseguraron que ya no es prohibido transportar madera de la que está en veda dentro del territorio nacional siempre y cuando no sea para exportación, dijo Ali Watters Garth, delegado de Bilwi.
Lo anterior fue discutido en una reunión que sostuvo la comisión que llegó a Bilwi a evaluar los efectos de la emergencia forestal decretada por la veda que aprobó la Asamblea Nacional, integrada por el director de Inafor, Indalecio Rodríguez y el general de brigada Orlando Talavera Siles, en su visita a la RAAN.
Indalecio Rodríguez dijo que en los dos meses que le quedan como director del Inafor, no despedirá a ningún funcionario porque hasta el momento no hay pruebas que vinculen a alguno de sus funcionarios en actos de corrupción.
