El presidente de la Unión Regional de Cooperativas del Transporte Colectivo (Urecootraco), Rafael Quinto, prácticamente enterró las posibilidades de que las cooperativas afiliadas a esa organización cobren la tarifa de 2.50 córdobas que exige el Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma).
El dirigente, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por los principales miembros de la Coordinadora Nacional del Transporte, fue tajante en decir que no se podía establecer una reducción en la tarifa de transporte mientras no fuese definida una política de incentivos al sector de transporte por parte del presidente electo Daniel Ortega Saavedra.
La postura de Quinto fue respaldada por los principales representantes de los gremios del transporte interurbano, carga y selectivo (taxi) en el país.
Según los cálculos de los transportistas, aunque existiera un suministro periódico de diesel barato proveniente de Venezuela, como el ofrecido por la empresa Alba Petróleos de Nicaragua (Albanic), éste no amortiza suficientemente los gastos de los buses para determinar la reducción en la tarifa de transporte.
EXONERACIONES
Según René Escobar, de la comisión negociadora de los transportistas para el tema de la rebaja de la tarifa, esto se debe a que la Dirección General de Ingresos (DGI) en realidad no exonera de impuestos a los buseros, tal como lo exige la ley en lo que se refiere al transporte terrestre.
Esta amortización, de acuerdo a Quinto, sólo se puede determinar si el nuevo gobierno establece una política de incentivos al sector transporte, permitiendo tener la autosuficiencia financiera necesaria para poder cobrar 2.50 córdobas.
En la búsqueda de esa política, es que los miembros de la Coordinadora Nacional del Transporte decidieron solicitar formalmente a Ortega una reunión para definir soluciones a la problemática de este sector.
Esta política estaría dirigida a iniciativas que vengan a beneficiar financieramente a este sector, como exoneraciones fiscales y créditos accesibles.
Escobar enfatizó en que actualmente la venta de diesel más barato a los transportistas, a 40.50 córdobas el galón, no rebaja la tarifa de 3.00 a 2.50 córdobas, debido a que tienen que pagar los impuestos no exonerados.
“Si en realidad no pagáramos los impuestos, entonces sería más fácil llegar a un acuerdo”, comentó Escobar.
“QUE LLUEVA PAREJO”
Antonio Betanco, dirigente del transporte interurbano, reclamó una incongruencia entre las políticas para el sector establecidas por las alcaldías y las promesas de estabilidad y libre mercado prometidas por el presidente electo.
El principal ejemplo, de acuerdo a los dirigentes, es la discrecionalidad con la que se ha promovido la entrega del diesel venezolano, aduciendo que si éste va a continuar ingresando al país, tiene que ser distribuido tomando en cuenta todas las distintas modalidades de transporte y no sólo el transporte colectivo de Managua.
“La Constitución Política dice que todos somos iguales ante la ley. Así que, si va a llover, tiene que llover para todos”, afirmó Betanco, en alusión a que el combustible venezolano tendría que ser distribuido a precios concesionales también a los gremios interurbano, carga y selectivo.
Sin embargo, Dionisio Marenco, alcalde de Managua y vicepresidente de Albanic, aseguró que no se puede vender el diesel venezolano a bajo precio a toda la población, porque de lo contrario “no sería negocio”, ya que aún al crédito Nicaragua tendrá que pagar el precio real del diesel a Venezuela.
Marenco explicó que el beneficio es exclusivamente para el transporte urbano público de Managua, porque es un problema exclusivamente de la capital, y que los problemas que enfrenta el transporte interurbano debe resolverlos el Ministerio de Transporte e Infraestructura.
La reunión de ayer entre la Urecootraco y el Irtramma no prosperó, pero Quinto aseguró que seguirán buscando la negociación este fin de semana.
