El procesamiento y detención del ex dictador Juan María Bordaberry y su ex canciller Juan Carlos Blanco, por cuatro homicidios cometidos en 1976, representa un hito en el castigo a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura uruguaya (1973-1985).
El juez Roberto Timbal libró el jueves orden de prisión contra Bordaberry y Blanco, al procesarlos por “coautoría de homicidio especialmente agravado” por los asesinatos en Buenos Aires en 1976 de los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.
La fiscal Mirtha Guianze había pedido el procesamiento de Bordaberry y Blanco en este caso de homicidio; y de ser hallados culpables, la pena máxima por este delito es de 30 años de cárcel.
Blanco fue detenido en la noche del jueves, mientras que Bordaberry se presentó en la mañana del viernes en la jefatura de Montevideo, pues no se encontraba en su domicilio cuando la policía fue a detenerlo, dijo el director nacional de la Policía, Sidney Ribeiro. Ambos quedaron recluidos en Cárcel Central.
Bordaberry llegó en un auto particular acompañado de sus hijos a la Jefatura, y pasó desapercibido para los fotógrafos y periodistas allí apostados.
Los hijos del ex dictador, entre ellos el ex ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, fueron abucheados e insultados al retirarse del lugar, por una veintena de militantes de izquierda apostados ahí.
En tanto, el juez Timbal remitió este viernes las notificaciones del procesamiento tanto a la defensa como a la Fiscalía.
El propio Timbal había archivado este caso en setiembre de 2005, al considerar que esos asesinatos, ocurridos casi 30 años atrás, cuando Uruguay y Argentina estaban gobernados por dictaduras militares, habían prescrito.
La fiscal Guianze presentó entonces un recurso y un Tribunal de Apelaciones desarchivó el caso tras estimar que debía ampliarse en un tercio el período de prescripción, y que debía contabilizarse desde 1985, cuando se reinstaló la democracia tras 12 años (1973-1985) de dictadura.
Estos procesamientos se suman a un fallo sin precedentes del juez Luis Charles, que el pasado 11 de septiembre procesó a ocho ex militares y policías por los delitos de “privación de libertad” y “asociación para delinquir” en la desaparición de Adalberto Soba en 1976 en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor, que coordinó la represión durante las dictaduras del Cono Sur.
Mateo Gutiérrez, hijo del legislador asesinado Héctor Gutiérrez Ruiz, dijo que la noticia “lo tomó por sorpresa” y que “es una satisfacción, porque es la aceptación estatal de la responsabilidad del gobierno durante la dictadura”.
El senador Rafael Michelini, en tanto, dijo que se trató de “un golpe certero a la impunidad”, y que su padre “siempre está presente, pero más que nunca en estas horas”.
