BERLIN. - Defensores de los derechos civiles entablaron el martes una demanda contra el saliente secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald H. Rumsfeld, y varios funcionarios norteamericanos, por presuntas violaciones a los derechos humanos en las cárceles de Abu Ghraib en Irak, y de Guantánamo, en Cuba.
El documento fue enviado a fiscales federales alemanes por abogados de Estados Unidos y de Alemania bajo una ley germana que permite procesar a personas por crímenes de guerra sin importar donde esos crímenes se cometieron. En la demanda se acusa a Rumsfeld de haber ordenado personalmente torturar prisioneros.
Uno de los objetivos de la demanda es "señalar que un torturador no puede recibir refugio seguro", dijo Michael Ratner, presidente del Centro por los Derechos Constitucionales, con sede en Nueva York, uno de los grupos que entabló la demanda.
La demanda es por encargo de 12 presuntas víctimas de tortura, 11 iraquíes detenidos en Abu Ghraib, y Mohamad al-Qahtani, un saudí detenido en Guantánamo, quien fue identificado por las autoridades norteamericanas como potencial participante en los ataques suicidas del 11 de septiembre del 2001.
Capturado en diciembre del 2001 a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán, al-Qahtani no quiso confesar bajo interrogatorios normales, por lo que Rumsfeld aprobó métodos más duros, según testimonios presentados ante el Congreso.
OTROS ACUSADOS
Luego que agentes del FBI plantearon sus preocupaciones por ese tipo de interrogatorios, investigadores militares comenzaron a examinar el caso, y en julio del 2005 dijeron haber confirmado el tratamiento degradante de al-Qahtani, incluido el obligarlo a comportarse como un perro, a bailar con otro hombre, a aparecer desnudo frente a mujeres, y a lucir un corpiño. Sin embargo, el Pentágono decidió que el prisionero no había sido sometido a torturas.
Además de Rumsfeld, en la demanda se exige investigar al secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzales, al ex director de la CIA, George Tenet, al ex comandante de las fuerzas norteamericanas en Irak, general Ricardo Sánchez y a otros ocho, acusándolos de haber ordenado, ayudado, o permitido la comisión de crímenes de guerra.
Los demandantes cuentan entre sus testigos a la general retirada Janis Karpinski, en una época comandante de todas las prisiones norteamericanas en Irak. Karpinski fue acusada de negligencia por tolerar los abusos a los prisioneros en Abu Ghraib. Ella, a su vez, ha señalado que fue usada como un chivo expiatorio por los altos mandos del Pentágono.
