Recientemente José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, dijo que América Latina no era pobre, sino injusta. Ésto es verdad, sobre todo en Nicaragua cuya brecha entre ricos y pobres es dramática. Reducirla debe ser la principal preocupación de todos los nicaragüenses. Es un deber no solamente para el partido que presidirá el nuevo gobierno, sino para todos los partidos políticos que en nuestra democracia representativa permanecen para promover los intereses de las grandes mayorías que viven en situación de pobreza y que les dieron, a todos, una cuota de sus votos y por lo tanto una cuota de poder y de responsabilidad.
Las elecciones no son un partido de futbol donde uno gana y el que pierde, lo pierde todo. No son campeonatos de beisbol para ver quién quedó en primero, segundo o tercer lugar y llevarse mayor o menor “gloria”. Son una reasignación temporal de puestos y de tareas. Un mandato dado para los próximos cinco años distribuyendo cuotas de responsabilidad (y cuotas de poder) entre los partidos políticos, que no desaparecen, subsisten y deben sumar esfuerzos para conducir al país en un proyecto común de nación donde todos los nicaragüenses aportemos. Dentro de cinco años, el pueblo va a evaluar quiénes realmente representaron los intereses populares y cumplieron bien la tarea que a cada uno se le asignó.
Reducir la brecha entre ricos y pobres, aunque para algunos no lo parezca, debe ser prioritario precisamente para los más ricos, puesto que la paz social es imprescindible para crear y mantener el clima de estabilidad necesaria para la inversión que genera riqueza. El hambre, el desempleo, la injusticia social, la ausencia de solidaridad humana, no producen paz social. Por eso, abordar este tema no debería asustar a los que tienen más, sino conducirlos a una reflexión seria sobre la mejor distribución de la riqueza que sólo beneficios puede darle a todos, sin menoscabar los derechos de nadie.
Habiendo finalizado el proceso electoral, deben descansar las banderas partidarias y unir esfuerzos los partidos que realmente quieran gobernar contra la pobreza (gobernar desde la Presidencia de la República y gobernar desde la Asamblea Nacional). Ningún partido tiene la mayoría suficiente para establecer por sí solo la agenda. Será la suma de voluntades de al menos dos partidos (ojalá fuese la de todos) la que establecerá las prioridades.
No se trata de “quitarle a los ricos para darle a los pobres”, lo cual sería demagogia barata. Mucho menos regresar a los fracasados experimentos represivos de la libertad de empresa. Ni de confiscaciones, nacionalizaciones o expropiaciones que generan ineficiencia y más pobreza. Se trata de gobernar con una clara visión de justicia social y establecer mecanismos de solidaridad. Para reducir la pobreza hay que generar nuevas riquezas, lo cual es posible con la inversión que sólo los que tienen capitales (nacionales o extranjeros) tienen capacidad de hacer. No es malo tener capital. Lo malo es acumular riqueza sin que ésta se ponga a trabajar en función de la generación de empleos dignos, con salarios dignos, con trato digno, con condiciones dignas y justas. Lo malo sería que quienes tienen más no contribuyan solidariamente para que el país invierta lo suficiente en educación y tecnología (imprescindibles para el desarrollo) y se puedan atender las demandas de salud y vivienda de los sectores más vulnerables.
Hay que preservar las libertades públicas, la democracia, el sistema de libre empresa y el respeto a la propiedad. Pero ello debe cimentarse en la justicia social, que no es caridad, altruismo ni generosidad, sino auténtica justicia; y en la solidaridad que implica una conciencia nacional, una actitud general de procurar una mejor distribución de la riqueza traducida en empleos, educación, salud, vivienda y oportunidades de superación.
