La Asamblea Nacional debe nombrar la próxima semana a un nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a fin de llenar la vacante que dejó el abogado liberal Iván Escobar Fornos a quien se le venció el período de cinco años que señala la Constitución. Sin embargo, el PLC pretende reelegir a Escobar Fornos y el FSLN acepta su reelección en seguimiento del pacto Alemán-Ortega. El doctor Escobar Fornos es sin duda un jurista talentoso, pero fue designado magistrado por el pacto y es necesario comenzar a independizar la justicia institucional. Aparentemente se trata de algo secundario, pero en realidad es un asunto de primordial importancia. El Poder Judicial y la administración de justicia en general ha sido la principal víctima institucional del pacto liberosandinista. La pésima reputación que tiene el Poder Judicial de Nicaragua es bien merecida. Basta recordar las vergonzosas situaciones que han ocurrido allí, como la de los 609 mil dólares incautados al narcotráfico que desaparecieron de las cuentas bancarias de la Corte; así como las sentencias políticas orientadas por las cúpulas y los caudillos del PLC y el FSLN. Por eso no hay que sorprenderse con la noticia de que Nicaragua ha descendido en el ranking mundial de percepción de corrupción, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el gobierno del presidente Enrique Bolaños por lavar la imagen del país ante la comunidad internacional.

“Menos mal hacen los delincuentes que los malos jueces”, escribió hace más de cuatro siglos don Francisco de Quevedo (1580-1645) en su obra Política de Dios y Gobierno de Cristo. Sabia expresión que sin lugar a ninguna clase de dudas se aplica perfectamente en la Nicaragua de hoy, debido a la situación imperante en el Poder Judicial.

Ciertamente, uno de los más graves problemas que sufre Nicaragua es la falta de seguridad jurídica por el imperio de una justicia partisana y corrupta que fue determinada por el pacto libero-sandinista de 1999; pacto que se ha venido renovando incesantemente según las conveniencias de las cúpulas y de los caudillos del FSLN y PLC. De manera que si algo hay que cambiar en Nicaragua para mejorar globalmente la situación del país, es la composición humana de la Corte Suprema de Justicia y en general de la administración de la justicia institucional.

En este orden, la escogencia del nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia para sustituir al abogado liberal Iván Escobar Fornos, podría ser un paso en el camino hacia la estructuración de un Poder Judicial verdaderamente independiente y confiable. En realidad, la escogencia del nuevo magistrado es una oportunidad para que el presidente electo de Nicaragua con el 38 por ciento de los votos, Daniel Ortega, quien se ha pasado todos los días siguientes a la elección presidencial del recién pasado domingo 5 de noviembre pidiendo a los sectores democráticos del país y a la comunidad internacional que tengan confianza en él, demuestre con un hecho concreto que realmente ha cambiado y que ahora se propone gobernar de manera honorable y democrática.

Hasta ahora Daniel Ortega sólo ha hecho promesas verbales que podrían ser ciertas o no y sólo el tiempo y la realidad lo van a demostrar. Sin embargo, en su calidad de Presidente electo de Nicaragua el líder sandinista puede comenzar ahora mismo a respaldar con hechos sus palabras. Y una demostración de que realmente quiere ser un buen gobernante, sería la de orientar a la bancada sandinista en la Asamblea Nacional a que proponga para sustituir a Escobar Fornos en la Corte Suprema de Justicia, a un jurista independiente, ajeno por completo al PLC, al FSLN y a cualquier otro partido político.

Sin duda que el PLC de Arnoldo Alemán se opondría a la elección en la Asamblea Nacional de un magistrado probo e independiente. Pero en ese caso la magistratura que dejó Escobar Fornos podría permanecer vacante hasta después que tomen posesión las nuevas autoridades ejecutivas y legislativas, y proceder entonces de acuerdo con la nueva correlación de fuerzas parlamentarias y con la voluntad de mejorar la organización del Estado, si es que en verdad existe tal voluntad.

Obras son amores y no buenas razones, reza el sabio adagio popular. No es con palabras sino con hechos que Daniel Ortega debe demostrar las buenas intenciones que dice tener.