Una de las “camionetonas” ocupadas por las autoridades judiciales al ex Director General de Ingresos, Byron Jerez, fue objeto de reclamo ayer, en el Juzgado Octavo de Distrito Penal de Audiencias.

Mediante una acusación presentada por la Fiscalía, la ex ministra de Salud, Mariángeles Argüello, reclama la devolución del vehículo placas 203-176 color negro marca Toyota Lexus.

La acusación, avalada por la Procuraduría General de la República (PGR), señala que el ex Director General de Aduanas, Ricardo Vega Jackson y Francisco Ramón Mendoza Hurtado, asesor legal, no obedecieron una orden judicial dictada en el 2004 para que el vehículo fuese devuelto a Argüello.

La “camionetona” es una de las que fue ocupada por la Policía Nacional a Jerez por evasión de impuestos y mediante un tedioso juicio civil la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, ordenó la devolución de ciertos bienes, entre éstos la camioneta que reclama María Ángeles Argüello.

La sentencia fue ejecutada por el Juez Cuarto Civil de Distrito, Néstor Castillo.

La fiscal Carolina Herrera explicó que Vega Jackson y Mendoza Hurtado no cumplieron con el mandato judicial de devolución, por tanto la víctima en este caso es el juez Castillo.

La juez Karla García desechó la acusación argumentando que el caso no es de naturaleza penal, sino administrativa, por tanto debería dirimirse por esa vía.

La juez razonó que, según se establece en la acusación, previo a la comisión del supuesto desacato existió un procedimiento administrativo dentro del cual se dictó una resolución.

Añadió que existen también, en la Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero, los medios de impugnación que podían haber sido usados si había inconformidad de parte de Mariángeles Argüello.

“VEHÍCULO ES BIEN DEL ESTADO”, DICE VEGA JACKSON

Vega Jackson indicó que la orden judicial fue cumplida, sin embargo posteriormente el vehículo fue capturado por la Policía Nacional y este órgano lo devolvió a Aduanas por ser objeto de investigación de otro caso de contrabando aduanero junto a otros 22 vehículos.

“Ese es un vehículo que está ahora como un bien del Estado producto de esa defraudación”, refirió Vega Jackson.

En tanto, Francisco Trejos, abogado defensor, recordó que este caso ya fue dirimido antes por la vía penal en varias ocasiones y las autoridades igualmente lo desestimaron.