El FSLN el PLC aprobaron a fines del año pasado y comienzos del presente, en las dos legislaturas que manda la ley, la reforma constitucional que le resta facultades gubernamentales al Presidente de la República y se las traslada al Poder Legislativo. La Asamblea Nacional pasa, de acuerdo con esa reforma constitucional, a ser el principal poder del Estado mientras que los otros poderes (Ejecutivo, Judicial y Electoral) quedan en condición subordinada.

Daniel Ortega y el FSLN justificaron la aprobación de dicha reforma constitucional, con el argumento de que en un sistema de gobierno parlamentarista habría más participación popular y por lo tanto sería mejor para Nicaragua. Sin embargo, su aprobación provocó la peor crisis de ingobernabilidad que ha habido en todo el período de transición democrática, de modo que la reforma tuvo que ser congelada por una ley marco inconstitucional que dictó la Asamblea Nacional —después de una intervención amistosa de la OEA—, mediante la cual se postergó su entrada en vigencia hasta el 20 de enero de 2007, diez días después de la toma de posesión del nuevo Presidente de la República.

LA PRENSA —igual que diversos sectores políticos y cívicos del país— rechazó dicha reforma constitucional del mismo modo que había rechazado la reforma anterior, aprobada por el FSLN y el PLC, que bajó de 45 hasta 35 por ciento el porcentaje de votos necesario para ganar la elección presidencial. Y la razón por la cual la rechazamos fue porque a nuestro juicio esa reforma altera el balance de poderes que es característico del sistema democrático de gobierno, e impone un nuevo sistema que al fin y al cabo no sería ni presidencial ni parlamentario, sino una mezcolanza que podría acarrearle a la nación más inestabilidad institucional y política.

Por eso, desde que comenzó la reciente campaña electoral sugerimos que en las elecciones del 5 de noviembre se incluyera otra papeleta de votación, para que los ciudadanos se pronunciaran también por la aprobación o rechazo de la reforma constitucional que está pendientes de entrar en vigencia. Sin embargo, la propuesta de someter a plebiscito esa reforma constitucional no fue aceptada, sobre todo porque el señor Daniel Ortega condicionó su aceptación a que se sometiera también a consulta plebiscitaria otros temas controversiales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), el pago de la deuda pública, la creación de un banco estatal de fomento, etc.

Ahora durante la visita que hizo ayer al presidente Enrique Bolaños, en Casa Presidencial, en su condición de presidente electo de Nicaragua, Daniel Ortega reiteró su respaldo a la mencionada reforma constitucional y manifestó su disposición a gobernar de acuerdo con lo que en ella se dispone, es decir, con las facultades de gobierno recortadas, como por ejemplo el caso de que los ministros y otros altos funcionarios que él nombre tendrán que ser aceptados y ratificados por la Asamblea Nacional.

Nosotros, cuando rechazamos esa reforma constitucional no lo hicimos porque estaban dirigidas a quitarle poder al presidente Enrique Bolaños, sino más bien por razones de principios: porque fueron fruto de un pacto corrupto de los caudillos, porque fueron fraguadas y aprobadas a espaldas de la población y porque una modificación de tal magnitud del sistema gobierno, tiene que ser previamente consultada al pueblo por medio de un plebiscito. Y en el caso de que se apruebe, debe ser sometida después a referendo, que son los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución precisamente para situaciones como esta.

De manera que si Eduardo Montealegre y la ALN hubiesen ganado las elecciones del recién pasado domingo 5 de noviembre, en este momento nos estaríamos pronunciando por la derogación de esa reforma constitucional fruto del pacto, que debe entrar en vigencia el 20 de enero próximo. Y como nuestra posición es de principios, en ese mismo sentido nos pronunciamos ahora que Daniel Ortega ha sido confirmado como el próximo Presidente de la República.

Sin embargo, el presidente electo de Nicaragua, Daniel Ortega , ratificó ayer su respaldo a la reforma constitucional de marras y dijo que se sentirá cómodo y contento gobernando en ese nuevo marco constitucional. Y si tal es su gusto hay que respetarlo, pero después que no se queje ni trate de cambiar las reglas de juego de manera autoritaria.