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La penalización del aborto terapéutico
Violeta Granera Padilla
La autora es socióloga y activista de derechos humanos

He seguido con mucha preocupación la polémica sobre la reforma al Artículo 165 del Código Penal referido al tema del aborto terapéutico, así como la forma en que los legisladores tomaron la decisión de aprobar su penalización.

Pienso que el tema no debió haber sido ni considerado ni legislado por la Asamblea Nacional en un contexto electoral a todas luces adverso a la reflexión desapasionada y seria que exige este debate. Tengo que decir con todo respeto y firmeza, que en mi opinión estrictamente personal, con este hecho, la sociedad nicaragüense y sus liderazgos políticos, sociales y religiosos, mostramos una incapacidad lamentable de dialogar de forma seria, informada e inclusiva, en la búsqueda de un acercamiento de posiciones que estuvieran al centro de la decisión legislativa, para que ésta fuera responsable y respetuosa de los diversos aspectos que están en juego en este trascendental tema para preservar la vida humana tanto de las madres como de la niñez nicaragüense.

Más bien, los hechos indican que prevaleció el interés de poner —por encima del bien común y del mismo sentido común—, intereses electorales muy alejados de las aspiraciones de modernizar la política pública, lo que con tanta vehemencia hemos venido levantando. Es decir, con este hecho prevaleció la tradición arcaica versus la modernidad, en una corresponsabilidad nacional desalentadora.

Es indudable que el tratamiento del aborto es un tema altamente controversial en muchas sociedades, incluyendo a la nicaragüense. Algunos opinan que hay que despenalizarlo bajo el argumento de que se debe dejar la decisión en manos de la conciencia individual de las mujeres. Otros consideran la existencia de vida humana desde el momento de la concepción y por lo tanto, con derecho a ser respetada y protegida por el Estado y las leyes, sobre la decisión personal de la madre. Esta última es la ya establecida en la legislación nicaragüense, hasta ayer con la única salvedad de los casos excepcionales que estaban autorizados desde hace más de 100 años y calificado como aborto terapéutico en el Código Penal.

Es correcto y una responsabilidad del Estado nicaragüense, proteger la vida desde su concepción. Por lo tanto, no estoy a favor del aborto sin ningún control, y considero además que para evitar este riesgo, la clave es una formación consistente en valores, una educación sexual y reproductiva con fundamentos científicos libres de prejuicios, y un mayor compromiso nacional con el derecho humano a la salud.

Por eso me ha molestado la manipulación que se ha hecho del debate que nos ocupa: el aborto terapéutico simplemente deja abierta la posibilidad, en base a la decisión de la madre y de una Junta de Médicos autorizada, de interrumpir tempranamente un embarazo, en caso de que la vida de la madre o del feto estén en alto riesgo. Aunque el artículo derogado del Código Penal no especificaba las causales aceptables para aplicarlo, según opiniones de científicos, su abolición pondrá en duda el tratamiento que habría de dársele a casos tales como el embarazo ectópico (cuando el feto está ubicado fuera de la matriz); o a la situación que enfrentan los médicos cuando la mujer se induce un aborto en condiciones inseguras y llega a los hospitales con el feto infectado, y con alto riesgo para ambos, madre e hijo. A los casos con sangrado por aborto espontáneo. O a aquellos de insuficiencia renal, eclampsia, diabetes descompensada, leucemia u otras enfermedades terminales que hacen inviable la vida para la madre y/o el hijo. Todo ello pudiendo afectar gravemente las tasas de mortalidad maternas e infantiles en el país, que ya son de las más altas de América Latina.

Reitero que —independientemente del respeto que se merecen los argumentos éticos, morales, médicos, de derechos humanos y religiosos esgrimidos— haber tomado una decisión trascendental sin escucharnos, sin tomar en cuenta todos los planteamientos, ni sopesar las consecuencias con toda la información pertinente de los especialistas de la institución rectora de la salud pública en este país, trasluce una ligereza que no corresponde a la seriedad que ameritaba las implicaciones que puede tener la derogación del aborto terapéutico. Y espero que nos demos esa oportunidad en un futuro lo más cercano posible, en honor al respeto social básico de defender la vida humana.

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