El director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Mauricio Zúñiga, denunció que miles de votos depositados de forma transparente por los ciudadanos que participan en las elecciones nacionales, podrían ser anulados si el Poder Electoral da trámite a denuncias por impugnaciones basadas en actos de omisión de miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Estas omisiones, recordó Zúñiga, constituyen delitos electorales y, por lo tanto, deben ser tratadas como tales, sostuvo.

“Alertamos a las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE) para que no dé trámite a ningún tipo de impugnación basada en omisiones o comisión de delitos electorales por parte de miembros de Juntas Receptoras de Votos, sino que se aplique el rigor de la ley que establece de uno a seis meses de cárcel a todos los infractores”, declaró Zúñiga en conferencia de prensa.

Zúñiga argumentó que, a última hora, los observadores del Ipade están viendo “manipulaciones y actos de omisión de presidentes de mesas y de segundos miembros” hasta en un tres por ciento de JRV que está observando el organismo.

Ejemplificó que, en muchos casos, el presidente de la JRV no ha suscrito el número de control de seguridad que debe ubicar, por ley, a cada boleta electoral.

“Esto puede abrir impugnaciones que después terminen matando los votos, a través de una lluvia de impugnaciones a estas JRV donde ha ocurrido esto (la no ubicación del número de control de seguridad a cada boleta)”, añadió.

“Esta situación podría representar la anulación de miles de votos de forma significativa, si el CSE recibe y da trámite a estas impugnaciones como válidas”, subrayó el director ejecutivo del Ipade.