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Noticias >> Nacionales
Pedro Solórzano (LAPRENSA/ ARCHIVO )
Solórzano deberá rendir cuentas
Unidad contra el Crimen Organizado del Ministerio Público investiga al ex ministro del MTI
Fiscalía emite pliego de glosas de responsabilidad civil de Solórzano, por más de 8 millones de dólares
Moisés Martínez
nacionales@laprensa,com.ni
Otros investigados

Junto al ex ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano, la Fiscalía también investiga a varios funcionarios de ese Ministerio que pudieran estar involucrados en las anomalías ocurridas en el proyecto del tramo Ticuantepe-Masaya-Granada, a cargo de la constructora española Hispánica.

En el informe presentado ante el Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR) establece responsabilidades administrativas a Alejandro Ríos Castellón, Bruno Vidaurre Galeano, René Román Reyes, todos miembros del Comité Revisor del proyecto.

También se estableció responsabilidad administrativa contra Roberto Araica Potosme, Salvador Gaitán Fonseca y Darling Álvarez Sunsín, quienes fueron miembros de Comité de Licitación que adjudicó el proyecto a Hispánica.

La Fiscalía General de la República inició las investigaciones sobre las irregularidades presuntamente cometidas por el ex ministro de Transporte e Infraestructura y actual secretario de Asuntos Políticos de Casa Presidencial, Pedro Solórzano, en el manejo del proyecto de ampliación del tramo de carretera Ticuantepe-Masaya-Granada, ejecutado por la constructora española Hispánica.

Las investigaciones iniciaron luego que el pasado miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) remitiera a la Fiscalía el informe sobre las irregularidades cometidas por Solórzano en el proyecto y por el cual el ente fiscalizador le determinó una presunción penal y administrativa al ex ministro de Transporte, por el mal uso de varios millones de dólares.

El fiscal designado para encabezar esta investigación, Javier Morazán, reveló que esta investigación será llevada de manera autónoma por el Ministerio Público, sin la participación de la Policía Nacional.

POSIBLE ACUSACIÓN

“Si se confirman las presunciones encontradas por la Contraloría, entonces el Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones emprendería una acción penal en contra del señor (Pedro) Solórzano”, confirmó vía telefónica el funcionario.

La Fiscalía dispuso para esta investigación a sus elementos de la Unidad contra el Crimen Organizado, la Unidad Anticorrupción y el Departamento de Asesoría Legal de esa institución.

Morazán explicó que la próxima semana se prepara el plan de trabajo con el que se realizará la investigación.

Las irregularidades en el proyecto fueron reveladas por una investigación periodística realizada desde el 2004 por el diario LA PRENSA.

Solórzano siempre ha achacado todos los cuestionamientos hechos a su gestión en el MTI, como una campaña de desprestigio gestada por sus adversarios políticos.

CUESTIONAMIENTO POR VARIOS MILLONES

La Contraloría estableció una responsabilidad penal para Solórzano de hasta 2.7 millones de dólares, por no exigirle el pago de la cláusula de penalización a Hispánica, debido a que esta empresa incumplió al no finalizar la obra en la fecha establecida (noviembre del 2005) incluyendo la prórroga hasta enero de este año.

Al funcionario también se le estableció presunción de responsabilidad civil por la carencia de justificación de 8.3 millones de dólares invertidos en el proyecto.

Por lo tanto, el ente fiscalizador emitió un pliego de glosas de responsabilidad civil por 3.8 millones de dólares correspondientes a la exigibilidad de fianza de adelanto del proyecto y 4.4 millones de dólares, que se tramitará en un expediente por separado de la investigación realizada por el ente fiscalizador.

LA PRENSA reveló el 19 de octubre pasado, que el gobierno de Nicaragua rescindiría el contrato con la constructora española Hispánica y enfrentaría el arbitraje internacional que esta empresa entabló contra el MTI en reclamo de 13.9 millones de dólares por encima de lo establecido en el contrato original, que fue de 25 millones de dólares, por distintos conceptos técnicos.

Este arbitraje sería dirimido en un tribunal de arbitraje internacional radicado en La Haya, Holanda, por exigencia de la constructora española.

La ampliación de carretera en el tramo Ticuantepe-Masaya-Granada es el proyecto insignia del Plan Nacional de Desarrollo emprendido por el presidente Enrique Bolaños, y éste pasa justo frente a la residencia del mandatario, ubicada en El Raizón, Carretera a Masaya.

Las sanciones por el caso Hispánica son las segundas que establece la CGR contra Solórzano.

La primera era referida al supuesto mal de uso de 12 millones de córdobas destinados para el subsidio del transporte colectivo entregado por el MTI.

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