Residentes de Bojayá en el empobrecido departamento colombiano del Chocó conocen la miseria —inundaciones cuatro meses al año, electricidad dos a tres horas cada dos días, agua potable sólo cuando la recolectan de las lluvias.
Su única condición de cierto valor —su ubicación a lo largo del río Atrato— los puso en medio de una batalla de 10 años entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de extrema izquierda y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de extrema derecha. Ambas agrupaciones buscaban controlar una importante zona de tránsito de drogas y armas ilegales.
La población escasamente aparecía en el radar del gobierno colombiano hasta el 2 de mayo del 2002, a raíz de lo que llegó a conocerse como la masacre de Bojayá. Ese día, las FARC lanzaron un ataque con proyectiles de fabricación artesanal contra fuerzas de las AUC que se resguardaban en el patio de una iglesia. Uno de los explosivos estalló en el altar causando la muerte de 119 residentes inocentes, muchos de ellos niños, que buscaban refugio en el recinto religioso.
Hoy, la situación ha cambiado mucho en Bojayá. Las fuerzas militares colombianas patrullan el Atrato y, con la plena participación de los pobladores, se está construyendo una nueva ciudad en tierras más secas. Con fondos estadounidenses se ha pagado por un nuevo centro de salud mientras que ayuda nacional y extranjera se destina a mejorar las escuelas y generar nueva actividad económica independiente del tráfico ilegal de drogas.
Eso es progreso pero no del tipo que se reporta tradicionalmente en la larga guerra de Colombia contra grupos insurgentes y el narcotráfico. Estados Unidos ha invertido más de 4500 millones de dólares en la estrategia colombiana contra las drogas y a favor de la paz y el desarrollo, la suma más grande de ayuda estadounidense fuera del Medio Oriente.
La mayor parte de la asistencia en los seis años de Plan Colombia se ha dirigido a la seguridad. Los resultados —una caída en el número de asesinatos y secuestros y aumentos en la extradición de narcotraficantes, la erradicación de cultivos de coca y el número de combatientes ilegales muertos o desmovilizados— han repercutido en Washington y le han dado al presidente colombiano Álvaro Uribe fama de superhéroe en esta capital.
No todos en Washington están convencidos, especialmente aquellos que han criticado desde un principio el énfasis militar de la ayuda estadounidense a Colombia. “Si uno gasta mil millones de dólares y recibe a cambio un sándwich de jamón, es mejor que nada pero no es eso por lo que uno pagó”, dijo Tim Rieser, asesor de política exterior para al Senador Patrick J. Leahy de Vermont, el líder demócrata del subcomité de operaciones internacionales del Comité de Asignaciones.
Rieser, quien viajó recientemente a Colombia y reconoce avances en la seguridad en ciertas partes del país, se siente particularmente frustrado por los escasos fondos destinados a proyectos de desarrollo social y económico que considera necesarios para que el Plan Colombia tenga éxito.
Destinar asistencia primordialmente a brindar seguridad es una “lectura demasiado estrecha de lo que es seguridad”, dijo Mark Schneider, vicepresidente de International Crisis Group y administrador asistente para América Latina en la Agencia de Ayuda Exterior para el Desarrollo de Estados Unidos durante la administración Clinton. “Cada vez que se expulsa a las FARC de una zona, lo que se necesita es un plan coherente de desarrollo rural para que la gente vea beneficios inmediatos”.
Los funcionarios colombianos están de acuerdo. De hecho, según la embajadora Carolina Barco, los funcionarios que se reunieron la semana pasada en Bogotá con una delegación estadounidense de alto nivel insistieron en la necesidad de que la asistencia de Estados Unidos continúe para que así Colombia pueda consolidar sus avances obtenidos hasta ahora en el campo de batalla. Lo que se requiere “no es sólo acción militar sino inversión social y económica”, la duplicación del tipo de ayuda que se ve ahora en Bojayá.
Barco dijo que su gobierno planea invertir más de 1600 millones de dólares en los próximos cuatro años en proyectos de desarrollo que le ayuden a mantener el “control territorial” —dos palabras con las que Colombia busca encajar los avances en seguridad con una profunda inversión social.
Sin dichos proyectos, las metas asociadas con la lucha antidrogas como la erradicación de coca o la interdicción, no serán sostenibles, dijo Barco. Como parte de ese esfuerzo, agregó, el Gobierno espera imponer un nuevo impuesto al patrimonio y ha lanzado un nuevo llamado de apoyo a la comunidad internacional, especialmente en Europa, donde el consumo de drogas está creciendo más rápido que en Estados Unidos.
En 1999 se hizo un enorme esfuerzo para definir una estrategia a largo plazo de ayuda a Colombia. Era evidente desde ese entonces que uno de los puntos a favor del Plan Colombia fue que amplió el entendimiento de los retos de Colombia más allá de un simple problema de tráfico de drogas ilícitas.
(c) 2006, Washington Post Writers Group
