Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), uno de los organismos de observación electoral que participan en las elecciones nacionales, avaló el padrón electoral que usarán los funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE) en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), a pesar de las irregularidades denunciadas en el proceso de entrega de cédulas.
Zúñiga minimizó el impacto que tendrá la distribución de cédulas de parte de los partidos políticos que controlan el CSE, sin embargo, recomendó que la solución a esos problemas se logra a través de una reforma a la Ley de Identificación Ciudadana y la Ley Electoral, donde se establezca que la Dirección de Cedulación pasa a ser parte del Ministerio de Gobernación.
Asimismo, criticó a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a los sectores vinculados con la empresa privada y a los religiosos, por contribuir a la campaña sucia, violación del silencio electoral, y a la desinformación de los electores.
¿Cuál es su valoración sobre el proceso electoral que aparentemente culmina mañana?
Nosotros creemos que el proceso electoral se ha venido desarrollando con relativa calma y tranquilidad, y creemos que el Consejo Supremo Electoral (CSE) tiene todos los recursos humanos, técnicos y materiales para realizar una elección con estándares de calidad, sin embargo, ya en los últimos dos días se han suscitado problemas como la violación al silencio electoral, por vacíos que tiene la ley y por abusos que han hecho los partidos y algunos particulares, y medios; y falta de regulación en el tema del silencio electoral y una guerra sucia de desinformación y descalificación de candidaturas, la cual empaña, diría yo, el excelente comportamiento que el electorado ha venido teniendo en esta campaña. El Consejo debería ser enérgico ante estos problemas.
El otro tema que a nosotros nos preocupa es el problema de las cédulas. Creemos que el CSE ha hecho un esfuerzo extraordinario por fabricar más de 400 mil nuevas cédulas y 200 mil documentos supletorios; pero ya precisamente faltando dos días para las elecciones, hemos visto la distribución partidizada de cédulas en algunos municipios del país. Éste no es un fenómeno generalizado, es importante aclararlo, pero sí es un fenómeno que demuestra un problema gerencial en el CSE que se origina en la partidización de sus estructuras y la falta de control administrativo de las cédulas de identidad.
A nuestro juicio eso (repartición de cédulas) le resta un poco de seriedad y credibilidad institucional al aspecto de cedulación. Creemos que el desempeño venía siendo muy positivo, muy transparente, pero estos abusos que se han dado de parte de funcionarios, que han escapado del control del CSE, sugieren que hay debilidades administrativas y gerenciales alrededor de este tema que es sumamente sensible en un período electoral, porque si esto ocurriera en una etapa normal, el problema fuera menor, pero como es una etapa electoral, estos temas tienden a magnificarse.
¿Usted cree que la distribución partidaria de cédulas afectará los resultados electorales?
Yo creo que aquí se suman tres factores; en primer lugar, la estructura partidizada del CSE; falta de control del CSE sobre estas estructuras; y en tercer lugar, un problema de cultura ciudadana que deja para última hora ir a retirar sus documentos, lo cual magnifica el problema.
Creemos que en el futuro inmediato, Cedulación y el Registro del Estado Civil ce las Personas deberían sufrir un proceso de fortalecimiento técnico, institucional, y deberían salir de la esfera del CSE, y reformar la Ley de Identidad Ciudadana y la Ley Electoral y pasar al Ministerio de Gobernación, con su presupuesto y sus recursos humanos, para que tengamos una dependencia muy sensible como es la cedulación y la identidad ciudadana.
Esto vendría a darle mayor seguridad a este proceso, al extraerlo de una institución que está partidizada y que los problemas que estamos viendo son producto de esa partidización.
¿Pero hasta qué punto esas cédulas que se distribuyeron ilegalmente van a afectar los resultados electorales?
Bueno, este es un tema que habría que valorar con el CSE. En primer lugar, hay que ver qué cantidad de casos de ciudadanos que les han retenido o no les han entregado sus cédulas. Nosotros tenemos entendido que ya la gran mayoría de los documentos supletorios y las cédulas se han entregado a la ciudadanía, pero desconocemos estos problemas que estamos viendo en los medios.
El CSE debería publicar y transparentar estos datos de forma permanente en su página web, para que se evite magnificar un problema que puede ser de cien personas o ver si realmente afecta a miles de electores. En esto también hay problema de orden técnico del CSE.
Entonces, nosotros consideramos que es una lástima que un proceso que se ha venido desarrollando con una cultura cívica, ejemplar, de parte de la ciudadanía, se vea empañado a última hora por un comportamiento censurable del liderazgo político del país, y de algunos líderes del sector privado o religioso y de algunos medios que han violado el silencio electoral, lo que demanda que este silencio electoral hay que regularlo de futuro, estableciendo qué se puede hacer o qué no se puede hacer, o habría que eliminar esa figura que es aplicable en países de posguerra para evitar la polarización.
Tal vez hubiese sido preferible que la campaña cerrara el día de ayer u hoy y no hubiera dado pie a una guerra sucia, a una guerra usando la tecnología de Internet, telefonía celular y eso da pie a la desinformación y a ‘bolas’ (rumores), y yo creo que el CSE debe ser enérgico e imponer sanciones en aquellos casos que ellos han comprobado que han violado el silencio electoral.
Además, es censurable esta manipulación en la entrega de cédulas por funcionarios del Consejo y por funcionarios de partidos políticos.
El magistrado Roberto Rivas acusaba a algunos medios de comunicación de desinformar, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen como observadores, existe realmente interés de desprestigiar o desestimar las elecciones y al CSE?
Yo creo que hay una suma de todos los factores. En una elección de pronósticos reservados, hay muchos sectores interesados, tal vez por el temor de perder la elección o de sentirse en desventaja, en deslegitimar el proceso de previo, así como hay otros sectores en deslegitimar a otros candidatos; también hay sectores interesados en aprovechar este silencio para crear confusión en el electorado y provocar la migración del voto de un bando hacia otro.
Yo creo que la comunidad internacional y nacional, hemos dado un seguimiento al desempeño técnico del Consejo y creemos que el desempeño ha sido positivo en lo general. Hay algunas limitaciones en el caso de la cedulación y tenemos algunas quejas de algunos partidos, porque no hay proceso electoral perfecto, pero creemos que los problemas que existen no dan pie para deslegitimar de previo un proceso electoral.
¿Cuáles son las prioridades que el Ipade observará hoy durante las elecciones nacionales?
Nosotros vamos a priorizar dos aspectos, en primer lugar vamos a tener una muestra representativa urbana y rural de 1,300 Juntas Receptoras de Votos (JRV), que nos va a dar un margen de seguridad del 95 por ciento, nos va a dar una base de datos paralela del proceso votación de todo el país, para poder verificar los resultados que el CSE dé a conocer de forma independiente.
Además, vamos a tener como observación nacional un conteo rápido que también nos va a dar una base de datos. También vamos a tener una red que trabajará en función de las impugnaciones. Tenemos cerca de 400 observadores especializados que han sido capacitados de forma intensiva y con formatos especiales de seguimiento para estar en los Centros Electorales Municipales y Departamentales (CEM y CED) para dar seguimiento a las impugnaciones.
¿Usted cree que este año las elecciones se ganen vía impugnaciones?
Tenemos que prepararnos para un escenario donde las impugnaciones puedan ser usadas como un instrumentos para descontar ventajas a otros partidos o para anular y obtener votaciones. En este sentido es importante que nosotros le demos seguimiento a la legalidad y a la base jurídica de estas impugnaciones y el CSE no debe tramitar ningún tipo de impugnación basada en la comisión un delito electoral.
Aquí debe privilegiarse que la voluntad de los electores se respete y que ningún voto sea anulado en base a subterfugios legales. Debe priorizarse el recuento de votos en los CED para que la voluntad popular prevalezca y no usar el recurso de impugnación como un arma para matar los votos de los ciudadanos.
