El éxito o fracaso del próximo presidente de Nicaragua dependerá en gran parte de su capacidad de propiciar condiciones que permitan duplicar los niveles actuales de crecimiento económico.
No hay forma de superar los actuales niveles de pobreza si nuestra economía no sube de la tasa del cuatro y pico por ciento que tenemos hoy, a un ocho o más por ciento anual. Las políticas distributivas no funcionan si no hay que distribuir. Ningún país del mundo ha rescatado de la miseria, amplios segmentos de su población, sin tasas de crecimiento altas y sostenidas. Y ninguna economía logra dichas tasas si los empresarios no multiplican vertiginosamente sus inversiones. En los países que han tenido los éxitos más espectaculares en disminuir la pobreza, el motor del desarrollo ha sido, sin excepción, el sector privado y el aumento de las exportaciones.
El problema es que el motor de la iniciativa privada no desplegará su potencial si el entorno político y social inquieta a los posibles inversionistas. Hace dos meses, unos empresarios norteamericanos visitaron nuestra universidad, Ave María, en San Marcos, buscando contratar egresados bilingües, ya que el próximo año construirían una gran fábrica textil en Carazo. Pero hace apenas unos días nos comunicaron que la decisión final de establecerse en Nicaragua la iban a reanalizar después de las elecciones del 5 de noviembre.
El caso de estos inversionistas es sintomático del nerviosismo que causa en muchos sectores una posible victoria de Daniel Ortega. Los inversionistas buscan países que ofrezcan seguridad y estabilidad. Nada hay más cobarde que un millón de dólares. Uno de los retos más importantes que tendría Ortega, como Presidente, sería precisamente disolver estos temores, y crear un ambiente en donde los empresarios, de todos los calibres, se sientan invitados a arriesgar sus dineros en espera de buenos retornos a mediano y largo plazo. Si esto no ocurre, por mucha ayuda que pueda enviar Chávez, Nicaragua no podrá superar la pobreza que padece. Hoy mismo, en Nicaragua, el ochenta por ciento del empleo, y la totalidad de las exportaciones, son generados por el sector privado.
¿Podría Ortega sustituir el temor por la confianza y crear las condiciones para un verdadero despegue económico? Sus dificultades para hacerlo radican no sólo en su pasado, tan hostil al sector privado y a la democracia, sino en un presente plagado de ambigüedades. Aunque durante las elecciones el comandante se ha cobijado de un lenguaje de amor y paz, y acaba de firmar un importante acuerdo de gobernabilidad con la Cámara de Comercio, la percepción dominante es que maneja varios discursos contradictorios, acompañado de súbitos movimientos pendulares.
Si se percibe que el comandante está sacando las uñas a través de políticas intervencionistas sobre las utilidades, como las insinuadas en el caso de las remesas y las condonaciones, o que apaña invasiones de propiedades, como cuando asistió al entierro de un invasor de tierras en Chinandega, si rechaza como imposiciones las expectativas de ajuste estructural del Fondo Monetario, si su política exterior se alinea con la de sus amigos del alma, Chávez y Castro, y si pretende implantar una democracia directa o participativa, en que las turbas disciplinadas del FSLN impongan a mano alzada su voluntad, el entumecimiento de las inversiones podría convertirse en recesión y, dependiendo de la severidad de las tensiones, hasta en fuga de capitales y depósitos. Esto ahondaría la pobreza y lo enfrentaría a una situación inmanejable.
Si, por el contrario, un Ortega ganador ofreciese señas contundentes que respetaría la propiedad y las transacciones libremente pactadas en el sector privado, que firmaría los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que cultivaría buenas relaciones con los Estados Unidos, y que respetaría la democracia representativa, entonces la economía podría seguir creciendo, aunque no al nivel que necesitamos. Para esto último se necesita algo más que el Ortega contemporáneo ha socavado: un marco institucional sólido, donde tanto el gobierno como los particulares están sometidos a la ley, presidido por un sistema judicial apolítico y honesto. Sólo esto puede construir el horizonte seguro y a largo plazo que necesitan las inversiones, especialmente las más fuertes. Cuando todo el panorama puede cambiar de la noche a la mañana, por el mal humor, conveniencia, o euforia de un caudillo, nadie está seguro.
