Según la Asociación Mundial de Periódicos (WAN, por sus siglas en inglés), durante lo que va del año 2006 han sido asesinados más de 80 periodistas, 26 ellos en Irak que es sin duda el país más violento y sangriento del mundo actual.
Según la WAN, a lo largo de la década que está actualmente en curso, el año 2006 ha sido el más funesto para los periodistas del mundo, pues además de los 80 que fueron asesinados muchos otros han sufrido y siguen sufriendo secuestros, torturas, golpizas y demás atropellos de toda clase.
La denuncia de la WAN se complementa con una información proporcionada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA), acerca de que entre 1995 y 2005 fueron asesinados 172 periodistas en esta región, la mayor parte de ellos en Brasil, México y Colombia, país este último donde en los últimos diez años 83 periodistas perdieron la vida en el desempeño de su trabajo. Y por su parte, la Agencia Latinoamericana de Información dio a conocer esta semana que entre los meses de julio y septiembre de este año fueron asesinados 13 periodistas en 7 países de esta región. Sólo en el primer trimestre de este mismo año, nueve periodistas fueron asesinados en Colombia, México, Venezuela, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Ecuador y Guyana.
Afortunadamente en este período Nicaragua no figura en la lista negra de países en los que se asesina a los periodistas que ejercen su profesión y el derecho de informar y buscar la verdad para darla a conocer al público. Y esto último hay que subrayarlo, porque prácticamente todos los periodistas asesinados lo fueron porque estaban investigando casos de corrupción y tráfico de drogas, así como abusos de poder perpetrados por poderosos e influyentes funcionarios públicos.
En Nicaragua los últimos casos de periodistas asesinados —y ojalá que fueran lo últimos, para siempre— han sido los siguientes:
Carlos Guadamuz, un periodista y empresario radial, disidente del FSLN, asesinado a balazos el 10 de febrero de 2004 frente a la estación televisora donde transmitía un programa de comentarios políticos, por un pistolero sandinista quien justificó su execrable crimen con el argumento de que Guadamuz criticaba demasiado a Daniel Ortega y otros líderes del FSLN. María José Bravo, corresponsal del Diario Hoy y LA PRENSA en el municipio de Santo Tomás, del departamento de Chontales, asesinada el 9 de noviembre del mismo año 2004 por un matón del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quien estaba molesto con su víctima porque había informado sobre un fraude electoral cometido por el PLC y el FSLN en las elecciones municipales de Santo Tomás y Cuapa. Y Adolfo Olivas, también corresponsal de LA PRENSA, pero en Estelí, asesinado el 14 de agosto de 2005 cuando investigaba una conexión del narcotráfico en el norte de Nicaragua.
Cabe mencionar que se han cometido otras agresiones contra la libertad de información en general y específicamente contra el Diario LA PRENSA, las cuales, sin llegar al extremo del asesinato de personas sin embargo han menoscabado la libertad de prensa. Nos referimos al terrorismo fiscal practicado por el gobierno del PLC que encabezó el ahora reo por corrupción Arnoldo Alemán Lacayo, quien durante su administración de enero de 1997 a enero del 2002 intentó liquidar a LA PRENSA con un arbitrario reparo fiscal de varios millones de dólares.
Nos referimos también al asalto a mano armada que fue perpetrado por otro pistolero del PLC, contra las instalaciones de LA PRENSA, el 22 de octubre de 2002, ocasión en la que durante varias horas mantuvo como rehenes a numerosos miembros del personal periodístico de este rotativo. Y nos referimos igualmente a la “ley Arce” que fue dictada por los diputados del FSLN y el PLC, así como a muchos otros abusos que los periodistas y los medios de comunicación independientes han recibido de parte de los dos partidos que han establecido dictaduras y atropellado la libertad de prensa y todas las otras libertades y derechos de las personas: el Partido Liberal y el Frente Sandinista.
Los ciudadanos democráticos de Nicaragua deberían tomar en cuenta esos antecedentes a la hora de seleccionar a sus líderes políticos, sobre todo cuando se trata de escoger a quienes van a desempeñar las funciones supremas de gobierno.
