El Gobierno de España, por medio de su Embajada en Managua anunció el lunes de esta semana la aplicación del Convenio de Schengen a Arnoldo Alemán, el ex Presidente de Nicaragua que está sentenciado a veinte años de cárcel por delitos de corrupción en el ejercicio del poder público. Eso significa que Alemán no podrá ingresar al menos durante los siguientes diez años, a España y supuestamente tampoco a los otros 14 países europeos que forman parte del Convenio de Schengen.
Del Convenio de Schengen forman parte Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia, cuyos objetivos establecidos en tal acuerdo son los de suprimir las fronteras entre ellos, garantizar su seguridad, así como ordenar la inmigración y la libre circulación de personas por sus territorios.
La denominación del Convenio de Schengen deriva del nombre de una pequeña ciudad del Ducado de Luxemburgo, donde en junio de 1985 siete estados europeos firmaron un tratado para suprimir los puntos de control fronterizo entre sus países. En esa misma localidad se estableció también la Visa Schengen, que significa el derecho de entrar libremente a los 15 países europeos antes mencionados, que tienen sus ciudadanos, así como los de Andorra, Argentina, Australia, Bermudas, Bolivia, Brasil, Brunei, Bulgaria, Canadá, Chile, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, El Salvador, Estonia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islandia, Israel, Japón, Corea, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Macao, Malasia, Malta, México, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Polonia, Rumania, San Marino, Singapur, República Eslovaca, Eslovenia, Suiza, Uruguay, EE.UU., Ciudad del Vaticano y Venezuela.
Nicaragua no aparece —al menos en los documentos que pudimos consultar por medio de Internet— en la lista de los países con derecho a la Visa Schengen. Pero España y los demás países europeos que forman parte del Convenio de Schengen tienen la potestad de aplicarlo para impedir la entrada a sus territorios de extranjeros que hubiesen sido condenados a más de un año de cárcel, “o de un extranjero sobre el cual existan razones para creer que ha cometido hechos delictivos graves…”
Sin duda que la corrupción es uno de los “hechos delictivos” más graves que se cometen actualmente en el mundo, particularmente a los ojos de Europa Occidental donde una de las razones esenciales para la existencia de cualquier entidad estatal y política en general es la transparencia, el respeto incondicional al dinero y los bienes públicos, la honestidad en el servicio gubernamental y ante todo en los cargos de mayor responsabilidad.
En realidad, la corrupción es, de hecho —y debería ser también de derecho—, un crimen de lesa humanidad, con mayor razón en países empobrecidos como Nicaragua donde gran parte de la población sufre la pobreza extrema y la miseria mientras los caudillos y demás políticos corruptos se han enriquecido y se siguen enriqueciendo a expensas del erario nacional, inclusive de la cooperación externa.
Precisamente por eso fue que cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó a cancelar las visas y a prohibir que entraran a su territorio prominentes políticos nicaragüenses corruptos, o sospechosos de corrupción, o cómplices y allegados de los corruptos, dijimos que la Unión Europea debía hacer lo mismo. Y no sólo eso, sino que a esos políticos corruptos los deberían declarar parias internacionales, para que ningún país con gobierno decente les permita la entrada ni el tránsito por sus territorios.
A propósito, el 2006 fue proclamado por la Organización de Estados Americanos (OEA) como Año Interamericano Contra la Corrupción, a fin de celebrar el décimo aniversario de la Convención Interamericana Contra la Corrupción que fue aprobada en 1996 por 22 países y de la cual ahora forman parte 33 estados americanos. Y la aplicación a Arnoldo Alemán del Convenio Schengen habría que considerarla como una contribución europea —en el caso de Nicaragua—, a la celebración del décimo aniversario de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
