El jefe de la Dirección de Seguridad Personal, comisionado mayor Jairo Alonso, mantiene una querella judicial con su hermana Zayda Alonso Duarte y su cuñado Javier Zúniga, por una vivienda ubicada en el Reparto El Seminario, en Managua, la cual es reclamada por ambas partes. El caso se ventila en el Juzgado Primero Civil de Distrito.
Zúniga y su esposa, quienes confirman que en 1979 abandonaron el país a causa de la guerra, señalan al jefe policial de despojarlos de una propiedad que adquirieron legalmente, pese a que en ningún momento fueron afectados por la Ley 85.
El funcionario policial señaló que “esa casa iba a ser intervenida digamos por los militares que andaban allí y hacer un cuartel”, por lo que sus padres (q.e.p.d.) le sugirieron que “antes de que le quede a ellos mejor que te quede a vos”. Bajo ese argumento fue que el funcionario policial reconoce que llegó a la vivienda de su hermana.
Pero el matrimonio Zúniga Alonso alega que la casa la dejaron al cuido de otro pariente, quien le dio donde vivir al jefe policial.
El comisionado mayor Alonso tiene una escritura extendida por un funcionario del Banco de la Vivienda, hoy Instituto de la Vivienda, entidad que le vendió la propiedad por más de 82 mil córdobas, pese a que no administró ni confiscó la propiedad, señalan los afectados.
“TENíA HIPOTECA”
No obstante, el jefe policial asegura que la casa “no era de ellos porque estaba hipotecada”, por lo que de sus ahorros pagó la deuda. Pero no precisó el monto de lo entregado.
Los demandantes cuentan con una constancia que emitió el Banco de la Vivienda en liquidación que señala: “No existe evidencia de que el Banco de la Vivienda de Nicaragua haya administrado bajo ninguna figura legal la propiedad ubicada en el Reparto El Seminario”.
La Procuraduría General de la República emitió otra constancia a través de la cual le confirma al matrimonio Zúniga Alonso que “nunca fueron expropiados o confiscados”.
Sin embargo, Alonso posee una solvencia de la Oficina de Ordenamiento Territorial, la que logró tras una apelación ante el Ministerio de Hacienda después de presentar una constancia de la Policía Nacional.
