El contralor Luis Ángel Montenegro consideró que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, deberían llevar a los tribunales de justicia el caso conocido como “el tarjetazo” del ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez, actualmente convertido en diputado liberal.
Este hecho se refiere a los más de cien mil dólares que el ahora parlamentario realizó en gastos personales durante el período de 1997 a 2001, cuando estuvo al frente de la presidencia del BCN.
Al respecto, Ramírez ha declarado que él ya fe eximido por la Contraloría de toda responsabilidad.
Según Montenegro, en las investigaciones que realizó hace algún tiempo la Contraloría General de la República (CGR), los auditores encontraron irregularidades en el uso de esa tarjeta de crédito.
“Se pudo comprobar que el doctor Noel Ramírez la usó con fines personales hasta por un monto de 109 mil 225 dólares”, dijo.
El pago de esa deuda salió de los recursos del Estado.
Y aunque en una sesión ordinaria, los contralores Francisco Guerra Cardenal, Lino Hernández Triguero y Fulvio Palma exoneraron de toda responsabilidad a Ramírez, Montenegro consideró que el Ministerio Público debería continuar la investigación del caso.
“Los auditores establecieron que en este caso hubo un uso irregular de los recursos del Estado, y la dirección general jurídica de la Contraloría sacó su dictamen legal estableciendo presunción de responsabilidad penal”, dijo ayer en conferencia de prensa el contralor Montenegro.
La investigación de la Contraloría reveló que conforme a la investigación, Ramírez usó esa tarjeta de crédito para la compra de ropa, prendas íntimas, regalos, perfumes, pago en un club en el extranjero, entre otros gastos que fueron costeados con recursos del Estado.
“De tal manera, que lo que cabía era una presunción de responsabilidad penal”, insistió. Sin embargo lamentó el hecho de que sus colegas no hayan podido unificar criterios cuando el caso fue sometido a votación en el Consejo Superior de la CGR.
Esa decisión la calificó como desafortunada y además lesiva a la institución, porque le resta credibilidad.
EN MANOS DE NOVOA Y CENTENO
No obstante, consideró que independientemente de esa resolución, el procurador Alberto Novoa y el fiscal Julio Centeno Gómez deben llevar el caso ante un tribunal de justicia.
En caso de que así lo realizaran, la investigación de la Contraloría sería un elemento de prueba muy importante.
Reiteró que existen suficientes elementos para establecer una acusación sobre este caso en los tribunales de justicia, porque el informe de los auditores que analizaron el hecho señala que hubo abuso de los recursos del Estado y el dictamen jurídico de los abogados de la institución también establece presunción de responsabilidad penal.
De tal manera —indicó el contralor Montenegro— que el hecho de que los contralores no lograsen ponerse de acuerdo en este caso, no es justificación que impida que el caso sea llevado a los tribunales de justicia.
