Una reforma a la polémica ley migratoria que criminaliza a los inmigrantes en Costa Rica puede ser viable tomando en cuenta que las dos fracciones mayoritarias del nuevo Congreso muestran interés en el tema, pero en términos prácticos, hacer nuevos cambios a esta legislación no se ve a la vuelta de la esquina.

La expectativa sobre las reformas creció entre los inmigrantes una vez que el presidente Óscar Arias asumió su mandato, este 8 de mayo, pues durante su campaña la tildó de “draconiana” y mostró su interés de hacerle nuevos cambios porque, entre otras cosas, considera que con las facultades que se le otorga a la policía migratoria se “puede abusar del poder” haciendo deportaciones masivas de ilegales.

Haciendo eco al interés del nuevo mandatario, la jefa de fracción del PLN (Partido Liberación Nacional, afín a Arias), Mayi Antillón, dijo que entre los diputados de su bancada (la mayoritaria con 25 curules), hay interés en hacerle cambios.

Antillón explicó que la polémica ley, que entra en vigencia en agosto próximo, se revisará junto con autoridades migratorias y del Ministerio de Seguridad.

No obstante, Antillón dejó claro que entre las prioridades de Arias y principalmente de su bancada, no está la reforma a esta ley y no estableció plazos de cuándo puede ponerse en el tapete el tema.

El nuevo Congreso compuesto por 57 diputados que se instaló el pasado primero de mayo, apenas da sus primeros pasos en busca de una agenda legislativa, pero entre los cinco temas propuestos por la fracción del PLN no se toma en cuenta el de la reforma a esta ley.

La jefa de la segunda fracción mayoritaria (con 15 curules), Elízabeth Fonseca, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que las críticas a esta ley hechas por Arias no fueron claras y que más bien intentó quedar bien con diversos sectores.

ENTRA EN VIGENCIA EN AGOSTO

Es preciso destacar que esta polémica legislación que castiga con cárcel y multas a quien emplee, encubra o ayude a un inmigrante ilegal, fue aprobada en los dos debates con 38 votos a favor, gran parte de ellos provenientes de la bancada del PLN. Los cinco votos que tuvo en contra fueron de la fracción del PAC, que en ese tiempo era minoritaria.

“El presidente Arias no ha sido consecuente. El PAC votó en contra de esa ley porque viola los derechos humanos de los inmigrantes y discrimina a las mujeres. Si la ley entra en vigencia y el presidente Arias no ha tomado medidas (para humanizarla), nosotros vamos a ejercer desde el Congreso una presión política para que sea consecuente en lo que habla y lo que hace”, dijo Fonseca.

El sociólogo costarricense y autor de varios escritos sobre inmigración nicaragüense, Carlos Sandoval, considera que una reforma a esta legislación “en términos prácticos no se encuentra a la vuelta de la esquina”.

“Me parece que es importante la actitud del nuevo Presidente. En términos prácticos no es fácil de hacer. En agosto entra en vigencia y ahora se está redactando el reglamento de la ley”, añadió.

En tanto, Gustavo Gatica, director de la Pastoral de Movilidad Humana de Caritas de Costa Rica, dijo que “habría que ver que si ya siendo Presidente de la República, Arias puede plasmar las críticas en una derogatoria de la ley”.