Con la juramentación de los quintos Consejos Regionales Autónomos de la Costa Caribe, instaurados por primera vez el 4 de mayo de 1990, estos van alcanzando su mayoría de edad. Pero aún falta mucho para que se consoliden como verdaderos gobiernos regionales y puedan ejercer una autonomía sustantiva. Durante sus dieciséis años de existencia el desempeño real de los Consejos en el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa ha sido muy limitado. Por su parte, el estado nicaragüense muy poco ha contribuido a que los gobiernos regionales puedan ejercer efectivamente todos los derechos que les confieren la Constitución y las leyes del país.
La Costa Caribe, con el 52 por ciento del territorio nacional, pero sólo el 8.3 por ciento de la red vial del país, sigue siendo la región más olvidada, empobrecida y aislada de Nicaragua; y sus habitantes, el 12 por ciento de la población nacional, siguen siendo los más pobres entre los pobres, discriminados en lo cultural, lo económico, y en lo político.
Diversos problemas, internos y externos, han impedido un mayor avance de la autonomía. Con muy pocas excepciones, los coordinadores y presidentes de los Consejos Regionales en las sucesivas administraciones desde 1990 fueron encontrados responsables por el mal uso de los bienes públicos, y muy pocos de ellos han respondido ante la justicia por sus actos. La rendición de cuentas no ha sido una práctica de los funcionarios públicos regionales.
Y no son pocos los recursos que administran. Sólo en concepto de salarios entre ambos Consejos Regionales —Norte y Sur— se gastan alrededor de 100 mil dólares al mes, y sus presupuestos han aumentado progresivamente desde 1994. En el 2005 los Consejos Regionales recibieron un presupuesto combinado de 3.5 millones de dólares en gastos de capital.
A nivel externo los Consejos han enfrentado ataques continuos de los gobiernos nacionales, e indiferencia de las élites del país. Tuvo que pasar más de una década para que la Asamblea Nacional finalmente aprobara la Ley para la demarcación de las tierras comunales indígenas (2002), y el Reglamento de la Ley de Autonomía (2003), ambos temas centrales en la lucha histórica de los pueblos indígenas de la Costa por el ejercicio de sus derechos.
A pesar de estos avances legales, los gobiernos nicaragüenses siguen minando su ejercicio efectivo. Desde inicios del 2006 funcionarios del gobierno actual en la Secretaría de Asuntos de la Costa Atlántica —cuyas funciones y mandato legal son claramente innecesarios, y declarada “non-grata” por las autoridades regionales— han “prohibido” registrar los primeros cinco títulos colectivos territoriales a los pueblos miskito y sumu-mayangna, entregados por el presidente Bolaños en Waspam en mayo del 2005. Además de inconstitucional, este proceder se suma a la indolencia con la que este gobierno ha actuado en relación a su falta de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Awas Tingni y Yatama. En ambas sentencias el Estado nicaragüense fue encontrado culpable de violar los derechos humanos y las garantías políticas fundamentales de los pueblos indígenas del Caribe nicaragüense.
Los nuevos Consejos Regionales tienen ante sí la gran tarea de llegar a la mayoría de edad actuando con madurez y responsabilidad, además de mayor unidad política. También implica que los Consejos sean más beligerantes, se comporten como gobiernos verdaderos y exijan todos los derechos ante un estado históricamente desidioso con su Costa Caribe. Esto significaría devolverle la confianza a la gente de que la autonomía es posible, y recibir algo a cambio por una legitimidad renovada en las últimas elecciones regionales. Si como resultado de la autonomía habrán de fortalecerse los lazos de unidad entre las dos Nicaraguas, entonces los nuevos Consejos Regionales tienen ante sí una extraordinaria y oportuna tarea.
