El Ministerio Público está dispuesto a acusar a las personas que, según las pesquisas de las instituciones involucradas en el plan de Emergencia Económica, resulten implicadas en el tráfico de madera, informó ayer el Fiscal General, Julio Centeno Gómez.

Centeno recordó que además, el próximo 21 de mayo entrará en vigencia la nueva ley del Medio Ambiente que crea el delito ecológico y con fundamento en la misma, organizan la Fiscalía Ambiental, lo que a su criterio favorecerá también las actuales disposiciones.

“Nosotros vamos a ser muy duros, vamos a aplicar la ley que es bien ruda. Es una ley durísima. Ya que ni siquiera van a poder matar ni un garrobo, ni un mono...”, dijo Centeno.

Indicó que trabajarán coordinadamente con la Procuraduría Ambiental, pues según el Código Procesal Penal y esta nueva ley, las investigaciones de fondo del delito y la parte acusatoria le corresponderá a la Fiscalía Ambiental que tendrá competencia en toda la nación.

Según Centeno, la Procuraduría Ambiental sirve más que todo como una ofensiva administrativa, y aunque reconoce que el procurador Lizandro D’León ha desarrollado un importante papel, lo ha hecho dentro de las limitaciones de las leyes actuales.

El desarrollo del plan ha estado a cargo sobre todo de la Procuraduría Ambiental, del Instituto Nacional Forestal (Inafor) y el Ejército de Nicaragua desde el pasado 3 de mayo cuando lo decretó el Presidente de la República, Enrique Bolaños Geyer.