Algunos críticos sarcásticos del acontecer nacional dicen que sólo en los absurdos lugares imaginarios del realismo mágico literario —como Macondo y Comala, por ejemplo—, y en Nicaragua, pueden ocurrir hechos tan absurdos como el de que el Presidente de la República vete un proyecto de ley que no es el aprobado por el Poder Legislativo.

En efecto, el recién pasado martes 9 de mayo corriente, el Presidente de la República vetó parcialmente el proyecto de Ley General de Educación aprobado por la Asamblea Nacional el 22 de marzo del año en curso. Pero el texto del proyecto de ley que vetó el titular del Poder Ejecutivo no es el mismo que aprobó la Asamblea Nacional hace un par de meses.

La principal culpable de este insólito error es la Asamblea Nacional, cuyo órgano de comunicación no envió a la Presidencia de la República —para cumplir el trámite de sanción, promulgación y publicación, o veto, tal como señala la Constitución en su artículo 141—, el texto que fue aprobado por los diputados, sino una versión anterior. Sin embargo la negligencia de la Asamblea Nacional no exime de responsabilidad al Poder Ejecutivo, que tiene la obligación de monitorear el desarrollo de las sesiones parlamentarias, incluyendo sobre todo el proceso de discusión y aprobación de las iniciativas de ley.

La Presidencia de la República tiene que llevar un registro de las mociones presentadas y aprobadas por el plenario, de cómo va quedando cada proyecto de ley y con mayor razón aquellos que por cualquier causa son del mayor interés gubernamental y social. De manera que al recibir cada proyecto de ley enviado por la Asamblea Nacional, el Presidente de la República antes de promulgarlo o vetarlo debe cotejarlo con su propio texto. Así de sencillo.

Por otro lado, el hecho insólito de que el Poder Ejecutivo vete un proyecto de ley que no es el verdadero, demuestra —o más bien confirma— que no hay comunicación ni coordinación entre ambos poderes del Estado. Y esto significa una violación a la Constitución Política de la República, que al respecto, en su artículo 129 establece lo siguiente: “Los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución”.

Las diferencias políticas e inclusive personales que hay entre quienes dominan el Poder Legislativo y las personas que controlan el Poder Ejecutivo, explica pero no justifica la violación de ese precepto constitucional. Aún en medio de las profundas contradicciones que los dividen, los líderes de ambos poderes estatales tienen la obligación de mantener los canales adecuados de comunicación y coordinación, y cumplir el mandato constitucional antes señalado.

Ahora bien, el error cometido tanto por la Asamblea Nacional como por el Poder Ejecutivo —al enviar aquella un proyecto de ley que no era el verdadero y al vetarlo el otro sin darse cuenta que no era el documento correcto— no tiene por qué ser insalvable. Por el contrario, puede ser fácilmente rectificado si la Asamblea Nacional reconoce el error cometido y pide la devolución del documento equivocado que envió al Poder Ejecutivo; y si, por su parte, el Presidente de la República retira el veto que envió al Poder Ejecutivo el 9 de mayo corriente.

Inclusive, a esta situación se le podría sacar un buen provecho, ya que podría permitir al Presidente de la República preparar un veto a la Ley de Educación de consenso con la Asamblea Nacional y con las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la problemática educativa del país. Y de esas manera se podrían superar las divergencias de forma y contenido que todos ellos tienen con respecto al proyecto de ley que aprobó la Asamblea Nacional.

En relación con eso nos parece atendible la posición del “Foro Debate Ley General de Educación, ¿Reforma o Veto?”, publicada en LA PRENSA del viernes pasado, en la cual se pronuncia “por el retiro del veto presidencial y la apertura de una consulta rápida de forma que se reformen algunos aspectos claves de la Ley, con la participación del Ejecutivo, el Legislativo, el Foro Nacional de Educación y otros representantes de la sociedad civil”.