La ley de Bonos de Inversión Turística, conocida como Ley BIT, constituye un mecanismo de financiamiento para proyectos turísticos que por fin pondrá a competir a nuestro país en mejores condiciones.

Empresarios turísticos de todos los tamaños nos encontramos unidos en búsqueda de la aprobación definitiva de esta ley, convencidos de que el desarrollo de nueva infraestructura hotelera de calidad internacional traerá beneficios para todas nuestras empresas, no importa el tamaño, ya que de forma directa o indirecta se verán beneficiadas con el influjo de más turistas al país.

Existe una que otra voz desentonando en este coro que urge la aprobación de los BIT, pero son voces que no provienen de la industria turística, ni de ningún experto vinculado al desarrollo del turismo en el país. Se trata de personas que no conocen cuáles son las necesidades de una industria tan compleja y competitiva, como es el turismo, ni conocen cuáles han sido y son las dificultades con las que los empresarios turísticos nos encontramos todos los días en nuestro afán por hacer que esta industria cree empleos y genere riqueza para todos los nicaragüenses.

Las pocas voces que se oponen a los BIT señalan tres cosas fundamentales: que el Estado no debe subsidiar a los inversionistas con impuestos futuros, que esta ley solo beneficia a “los grandes” y que se hizo “con nombre y apellido”, para beneficiar específicamente a un proyecto. Los tres cuestionamientos son resultado de la ignorancia con la cual se aborda el tema turismo en el país.

Primeramente, una de las grandes limitaciones para desarrollar proyectos en Nicaragua es la falta de financiamiento. Los empresarios estamos urgiendo nueva infraestructura hotelera que nos permita seguir creciendo y aportando al presupuesto nacional, con lo cual se podrá mejorar los salarios de los maestros y trabajadores del sector salud. No podemos hacerlo con los cinco mil habitaciones actualmente existentes. Es urgente crear esa masa crítica de alojamiento con la cual Nicaragua compita en mejores condiciones con otros destinos.

Los BIT constituyen ese mecanismo de financiamiento y, por tanto, no puede decirse que con esta ley el Estado subsidiará a los inversionistas. Más bien el Estado hará una inversión, estará apostando a invertir en el desarrollo del país, generando empleos, divisas, más inversión en negocios conexos que nacerán a la par de los proyectos hoteleros, ya que está claramente demostrado a nivel mundial que por cada dólar que el Estado invierte en el turismo, se generan 2.6 dólares con lo cual la inversión que se haga con los BIT será recuperada en poco tiempo, con el consiguiente impacto económico y social.

Los subsidios no crean riqueza, se otorgan para mantener un servicio necesario para la población, o bien para mantener bajos los precios de la canasta básica constituyéndose en carga para el Estado. En cambio, a partir de la utilización de los BIT el Estado empezará a percibir sus beneficios con la creación de nuevos negocios y desarrollos que se traducirán en más y más generación de impuestos.

El segundo señalamiento es fácilmente rebatible, pues está ampliamente demostrado que junto a la construcción de importantes obras de infraestructura turística se instalan y proliferan una variedad de negocios conexos, como restaurantes, bares, tiendas de artesanías y ropa, actividades deportivas y recreativas, ventas de productos agrícolas y otros servicios —como la banca—, en su gran mayoría de la pequeña empresa, que se van a beneficiar con la afluencia de turismo y las cuales podrán acogerse a los beneficios de la Ley 306 de incentivos turísticos.

En lo que se refiere a que esta ley se hizo con nombre y apellido, esto denota la falta de conocimiento de los problemas de nuestro sector. Los BIT son resultado de los constantes cambios en las reglas del juego que experimenta la inversión en Nicaragua y de lo cual el turismo no se escapa. La Ley de Incentivos Turísticos sufrió hace aproximadamente dos años una reforma fiscal, que eliminó el mecanismo de financiamiento de proyectos que constituían los Certificados de Crédito Fiscal (CCF), de los cuales estamos en la obligación de reconocer que sí afectaban las recaudaciones inmediatas de impuestos del Estado.

Esto hizo urgente que se buscase un nuevo mecanismo de financiamiento que no afectase el presupuesto anual del Estado, que permitiese fomentar el desarrollo turístico y, a la vez, dar respuesta a los proyectos que habían sido aprobados bajo el mecanismo anterior, con los cuales el Estado había asumido un compromiso, dando con esto muestras de una actitud seria y responsable frente a los inversionistas que han decidido arriesgarse en Nicaragua.

Considero que únicamente seremos capaces de erradicar la pobreza y contribuir al desarrollo, eliminando la miopía que nos impide tener visión de nación, que nos impide tomar decisiones audaces —como la de los BIT— con miras a la creación de una riqueza mejor distribuida que es una de las maravillas del turismo, razón por la cual se le conoce como la industria más democrática de todas.

Es necesario que veamos una luz en el futuro para poder inyectar entusiasmo en nuestra población e impedir que continúe emigrando en búsqueda de mejores oportunidades en el extranjero. El turismo es, sin dudas, la oportunidad inmediata que el país puede ofrecer a su gente para que se quede y construya un mejor futuro, aquí, en la tierra que los vio nacer.