El anuncio del presidente boliviano Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos de su país suscitó el martes críticas e inquietud en Europa, especialmente en España, país con intereses energéticos en el país sudamericano.

El gobierno español expresó el lunes su “más profunda preocupación” y dijo “esperar que el plazo de 180 días anunciado por el Presidente de Bolivia a las empresas extranjeras para regularizar sus actuales contratos, abra un proceso de auténtica negociación y diálogo”.

El ejecutivo español, tambien “espera” que “se evite el envío de una señal negativa hacia la comunidad inversora internacional”.

El grupo petrolero hispano-argentino Repsol YPF — muy presente en Bolivia— consideró una “noticia preocupante” la nacionalización anunciada el lunes por Morales, si bien consideró que “es muy pronto” para extraer conclusiones.

El ministro español de Industria, José Montilla, consideró que la nacionalización de los recursos de gas y petróleo por Bolivia “no es positiva” para los bolivianos, ya que la medida puede desincentivar las inversiones extranjeras en este país.

Por su parte, la Unión Europea (UE) manifestó su “preocupación” por el anuncio de nacionalización y advirtió sobre el “impacto negativo” que puede tener en un mercado internacional bajo fuerte presión.

“La Comisión Europea toma nota con preocupación del decreto que nacionaliza la industria boliviana” de los hidrocarburos, dijo el vocero Johannes Laitenberger.

Sin embargo la medida de Morales confirma “un movimiento de nacionalismo petrolero y gasífero en América Latina, con Venezuela y Brasil a su cabeza, cuyo contagio puede extenderse a México”, consideró Nicolas Sarkis, un reconocido experto del sector, y director de la revista Petróleo y Gas árabes.

La medida de Morales afecta a unas 26 compañías extranjeras, entre ellas Repsol (España), Total (Francia), Exxon (Estados Unidos), British Gas (Gran Bretaña) o Petrobras (Brasil).