Un grupo de personas, supuestamente de las comunidades indígenas de Tola, departamento de Rivas, mantiene bajo posesión un trecho de la playa de Las Sardinas, en el océano Pacífico, alegando que ese lugar perteneció a sus ancestros.
La acción es dirigida por Giovanny Loáisiga Obando, quien señaló que permanecerán en ese lugar todo el tiempo que sea necesario y que “nadie les quitará los derechos” sobre ese bien.
La playa en conflicto es parte de una propiedad de 47 manzanas de tierra, que en marzo del año pasado fue comprada a la familia Balladares, por la empresa La Flor de Mayo, representada por el norteamericano Philip Chistopher, quien compró esa propiedad en sociedad con otras personas, para un proyecto turístico.
En la investigación que realizó LA PRENSA sobre este caso, se pudo constatar que inicialmente esas tierras fueron adquiridas a través de una operación de compra-venta por un señor identificado como Francisco Castillo, a mediados del siglo antepasado.
Sus herederos se la vendieron hace unos 30 años a un señor que identificaron como Ricardo Balladares, ya fallecido, quien el año pasado la vendió a Christopher y sus socios.
Personas que residen cerca del lugar del conflicto informaron no haber escuchado nunca ningún reclamo por la posesión de ese trecho de costa de parte de representantes indígenas.
También pudimos constatar que entre los habitantes del sector no todos están de acuerdo con los reclamos. Algunos piensan que esta acción obedece a intereses particulares y no tiene nada que ver con la defensa de los territorios que pertenecen a las comunidades indígenas del municipio de Tola.
De acuerdo a la demarcación territorial, la propiedad La Flor de Mayo se encuentra fuera de la zona que pertenece a las comunidades indígenas de ese municipio.
La franja en conflicto abarca toda la playa de la propiedad, y llama la atención que en las propiedades aledañas que también tienen salidas al mar no existe ningún acto de reclamo, similar al que se realiza en la propiedad en mención.
ALCALDÍA AL MARGEN
Christopher señaló que ha tratado de dilucidar el problema directamente con las personas que se han posesionado de sus terrenos, pero ha sido imposible.
Aseguró que también ha acudido a la Alcaldía de Tola para buscar un arreglo, pero tampoco ha logrado una respuesta positiva al problema, que representa uno de los tantos conflictos que existen en el territorio nacional, producto de la falta de un sistema jurídico sobre la tenencia de la propiedad, acorde a los nuevos tiempos.
LA PRENSA visitó la Alcaldía de Tola para conocer una versión sobre el conflicto, pero debido a que no encontramos a la alcaldesa, nos atendió Rigoberto Gutiérrez, responsable de oficina de atención a las comunidades indígenas.
De acuerdo a su versión, la municipalidad no ha asumido ninguna posición sobre el caso, por considerar que el conflicto se debe dilucidar en un tribunal de justicia.
Giovanny Loáisiga Obando, dirigente del grupo que mantiene tomada la playa, justificó la acción, alegando que el lugar en litigio es patrimonio comunitario.
Agregó que la comunidad está demarcada por cinco mojones que aparecen en un título de 1877, donde aparecen los linderos que —según él— fueron certificados por la Alcaldía de Tola. En ese documento supuestamente la municipalidad reconoció a las comunidades indígenas los derechos sobre la costa de Las Sardinas.
“En ese lugar se han alimentado por años los miembros de las comunidades indígenas y ese derecho es el que estamos reclamando. Nadie nos puede quitar”, dijo Loásiga.
Sin embargo, la demarcación del título de 1877 pone los linderos lejos de la propiedad La Flor de Mayo.
De acuerdo a la versión de Loáisiga, al norteamericano le vendieron esa propiedad con un título supletorio que no puede estar por encima de la escritura, que no mostró, pero que dijo ellos reconocen como válida, porque data de 1877.
