Delitos electrónicos
Freddy Potoy Rosales
Una vez más salta la preocupación internacional sobre las distintas modalidades de comisión de delitos a través de medios electrónicos que causan, entre otras cosas, problemas patrimoniales y morales.
Esto se puso de manifiesto esta semana, cuando el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, llamó la atención de la comunidad internacional para prevenir, perseguir y castigar el crimen cibernético.
Es preocupante que en Nicaragua, por estar inmersos siempre en problemas políticos, tanto el Gobierno como los diputados continúan sin darle importancia a este tipo de temas que ya están encaminados a través de los proyectos de leyes que regulan los comportamientos delictivos a través de medios electrónicos.
El proyecto de Ley contra Delitos Informáticos continúa sin ser sometido a debate y los diputados ni siquiera se han tomado el trabajo de escuchar aportes de distintos sectores, antes de aprobar un texto normativo de esta naturaleza.
Mientras tanto, cualquier persona natural o jurídica podrá hacer lo que quiera a través de estos medios electrónicos y no habrá forma posible, en muchos casos, de aplicar una norma, pues serían comportamientos no tipificados en el Código Penal ni en otra ley especial.
Es así que, por ejemplo, no hay manera de sancionar a empresas o entidades financieras que trafican o abusan de los datos personales de los ciudadanos, porque tampoco existe una Ley de Protección de Datos Personales, que de momento sólo Argentina es el país de América Latina que está al nivel de la legislación europea en esta materia.
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, por ejemplo, debería brindar un gran apoyo material y económico a la unidad de la Policía Nacional que se dedica a la investigación de delitos electrónicos.
En una ocasión pregunté a un agente de la Policía con cuántos oficiales altamente capacitados, con sus laptops, con los correspondientes programas informáticos, y el presupuesto adecuado para esa unidad, funcionan y en cuántas horas o días son capaces de dar presumiblemente con alguien que cometa un delito electrónico. Este agente me sonrío y me dijo que nada de lo que preguntaba era así.
Si no hay personas especializadas y dedicadas a investigar los cibercrímenes, los aportes que se den a través de la investigación convencional de la Policía de poco o nada servirá en un juicio porque la validez de las pruebas y naturaleza de estas últimas es la clave para demostrar la comisión de delitos modernos.
Efectivamente el desarrollo tecnológico ha dado muchos aportes pero igualmente ha generado nuevos riesgos como consecuencia de las acciones de los delincuentes informáticos.
En Nicaragua se debe tomar conciencia de lo que representa la seguridad cibernética, la cooperación entre la empresa privada y las autoridades encargadas de aplicar la ley, y que los diputados aprueben legislaciones modernas que permitan confianza a los inversionistas, justo ahora que Nicaragua está en el tema del Tratado de Libre Comercio.
El país no debe estar al margen de los planteamientos internacionales en materia de legislación que regula las conductas en el ámbito de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, de lo contrario, los riesgos serán cada día más altos.
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