El Procurador del Ambiente, Lisandro D’ León, informó que un mes y siete días después de que el presidente Enrique Bolaños declarara el estado de emergencia económica en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS), se iniciaron 60 acciones administrativas, civiles y penales contra dueños de aserríos.
Según el funcionario, los dueños de estas industrias constituyen entre el 80 y 85 por ciento de los denunciados. El resto lo conforman personas a quienes les fueron encontradas grandes cantidades de madera ilegal en las comunidades del Atlántico.
Además de la Procuraduría del Ambiente, el Instituto Nacional Forestal (Inafor) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), impulsan las acciones contra los violadores del decreto gubernamental.
“En lo que se refiere a los dueños de las industrias madereras, aserríos, entre otros, son procesados por violar la Ley 462 o Ley de Fomento Forestal y su Reglamento, por irregularidades cometidas dentro de la industria maderera y sobre la base del reglamento o decreto que regula las áreas protegidas y la calidad ambiental porque encontramos daños a las fuentes hídricas, suelo y subsuelo”, precisó D’ León.
A manera de ejemplo expresó que los señores Nicolás Báez y Xiomara Peralta fueron acusados por los delitos de falsificación de documentos, contra la salud pública y daños contra los recursos del Estado por el envenenamiento y descomposición del río Kum Kum, en Bluefields.
Despidos por anomalías
En un informe preliminar de la Comisión Nacional Interinstitucional, que dirige las acciones de protección, se asegura que además de estas acciones ejecutadas se comprobó que hubo fallas del Inafor y Marena en lo relacionado al uso inadecuado de las guías de traslado de la madera, registros incompletos en las industrias y exceso de madera cortada sin previa autorización.
El director del Inafor, Indalecio Rodríguez, reconoció estas fallas, pero dijo que no era algo generalizado en la zona de protección. De acuerdo a Rodríguez eran seis funcionarios quienes no ejercían de forma correcta su cargo, razón por la cual fueron despedidos de inmediato.
“Fueron separados por mal uso de funciones y normas técnicas de los famosos planes mínimos que se extienden en áreas boscosas menores de 50 hectáreas donde no debe de haber movimientos de tierra, apertura de trochas, ni extracción de marea. Estas cosas las saben los que son beneficiarios de los permisos, pero cuando uno llega ve que han trabajado tractores, se ha despalado a orillas de los ríos. No cumplían con su función de dar seguimiento y control”, dijo.
En Marena fueron despedidos tres funcionarios, según informó el Ministro del Ambiente, Cristóbal Sequeira.
El Ejército de Nicaragua tiene bajo resguardo unas 28 mil tucas de madera a lo largo de la región del Atlántico. También controlan más de 944 piezas de madera aserrada, 600 mil pies tablares de madera de almendro, caoba, cedro, nancite, valorados en más de dos millones de dólares.
