Mi columna de la semana pasada no pudo ser publicada en Lima. En Perú, como en muchos países, está prohibido dar a conocer los resultados de encuestas en vísperas de elecciones.

En algunos por un período que se limita a 72 horas , en otros llega hasta los 10 días previos. En ciertos casos no se pueden dar porcentajes, en otros casi se llega a prohibir , censurar, la propia palabra encuesta.

Lo gracioso, o lo ridículo o quizás peor, lo triste, es que a través de la prensa tuve acceso, hasta el mismo día de los comicios, a todas las encuestas realizadas en Perú, incluidas, por supuesto, las prohibidas. Yo estaba en Miami, pero igual hubiera sido si hubiera estado en México, Panamá , Uruguay o en el país que fuera, excepto Perú. Cualquiera podía acceder a esas informaciones; esto es, cualquiera menos los peruanos, que eran los que más la necesitaban y que además eran los dueños de esas informaciones que estaban circunscriptas a sus propias opiniones.

Es curioso como esta prohibición se acepta casi sin chistar .Y eso que se trata, ni más ni menos , que de una clara limitación de la libertad de prensa y del derecho a la información, respecto, además, a un hecho que lesiona y afecta directamente a un acto esencial del sistema democrático, como lo son las elecciones.

¿Cuál es la razón para que las encuestas sean prohibidas? ¿Qué inciden en la decisión de los votantes? Sin embargo, sostener esto implica una contradicción por cuanto lo que hacen las encuestas es reflejar la opinión, la decisión ya tomada, de los ciudadanos. Pero se insiste en ello pese a que los hechos repetidamente confirmen que no es así y que muchas veces los resultados electorales contradigan a los de las encuestas, como ocurrió, por ejemplo, en las elecciones de Costa Rica. Este es uno de los más recientes casos —el de Bolivia es otro— que desvirtúa categóricamente la tesis de la influencia; la tesis del “exitismo” que envuelve y determina al elector, según algunos. Si fuera así y los resultados de las encuestas determinaran los resultados de las elecciones, George Gallup y Louis Harris, podrían haberse puesto de acuerdo para turnarse en la Presidencia de los EE.UU.

Con esta “veda” — otro argumento— lo que se procura es darle un espacio al ciudadano para que puede meditar con tranquilidad, sin interferencias, su decisión. La misma razón por la que también se suspende toda actividad y publicidad proselitista, pese a que los muros de las ciudades rebozan de apelaciones propagandísticas. Esto de tratar a la gente grande como si no estuviera capacitada y fuera necesario encerrarla para que haga bien los deberes, resulta una de las formas más rechazables de paternalismo y tutoría que pretenden ejercer gobernantes y políticos.

Quizás el real problema en torno a las encuestas sea que últimamente hay demasiados políticos y gobernantes que se mueven sólo en función de lo que ellas dicen. Quizás ello a su vez haya favorecido la creación y proliferación de “encuestadoras” dispuestas a hacer negocio o a favorecer a correligionarios y al partido, aprovechándose de esa óptica.

Quizás también y por todo ello, la gente , en cada elección y en el país que sea hace temblar los cimientos tradicionales e históricos y favorece los cambios, aunque éstos traigan consigo a oportunistas y nuevos iluminados, con todo lo que ello puede aparejar.

La cuestión es que al ciudadano votante se le prohíbe , al momento de ejercer su soberanía, de un dato muy importante, lo que pone en tela de juicio si pudo ejercer ese derecho con pleno conocimiento y libertad, además de hacerlo víctima de una rechazable discriminación.

Lo concreto es que se prohíbe la difusión de encuestas, pero no que se sigan haciendo —sería otra barbaridad que prohibieran su realización— lo que implica que las empresas no pierden su negocio, lo que es su derecho, pero también que haya quienes —los políticos, los gobernantes, los que tienen dinero y pueden comprarlas y también, por su condición profesional, los periodistas— sepan lo que dicen las encuestas hasta el minuto previo al inicio de las elecciones.

En definitiva al que se le priva de esa información es únicamente al verdadero soberano, al votante, al ciudadano de a pie y, ya de paso, las culpas, como es de orden y habitual, se las endilgan al mensajero.

(El autor es periodista uruguayo).