La decisión de la juez del Juzgado Quinto del Distrito de lo Civil de Managua, Ligia Rivas, abrió una nueva etapa en las investigaciones que se siguen en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Ceni) al levantar el sigilo bancario, afirmó Georgina Muñoz, enlace nacional de la Coordinadora Civil (CC).

En esta dirección directivos de esta instancia que agrupa a decenas de organismos no gubernamentales, hicieron un llamado a las entidades bancarias, que adquirieron activos de los bancos liquidados, a que “entreguen la información requerida por las instituciones fiscalizadoras, para determinar el valor al que adquirieron la cartera de préstamos de los bancos quebrados.

La CC también denunció que estas entidades bancarias gozaron de información privilegiada que les permitió comprar activos a precios muy bajos, después de haberlos rechazado durante el proceso de liquidación, afirmó Adolfo Acevedo, del equipo económico.

El economista cuestionó a estos bancos por el supuesto hecho de por qué rechazaron una cartera que consideraron insalvable logrando Ceni por el total de la cartera. Pero aún con eso, durante las subastas, adquirieron esos mismos bienes en una operación en la que, según Acevedo, “hubo información privilegiada”.

LA PRENSA intentó obtener la versión del presidente de la Asociación de Bancos Privados (Asobanp), Carlos Briceño, pero nos comunicaron que se encontraba en una serie de reuniones de trabajo.

Renegociar fraude

La CC insiste en una renegociación de la deuda devenida de los Ceni, pero en el entendido que la parte a renegociar debe ser la que se hizo apegada a la legalidad y no la cuestionada por fraude, aseguró Acevedo.

La propuesta plantea un plazo de 30 años, con tasas de interés más bajas. Esto permitiría contar con el 70 por ciento de los recursos que se destinan al pago de la deuda de los Ceni, afirma Acevedo.

Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), este año se deben pagar 26 millones de dólares (455.4 millones de córdobas al cambio del viernes) en concepto de Ceni.

La Coordinadora Civil insiste en la ilegalidad en la emisión de los Ceni, por lo que demandaron a las autoridades a profundizar en las investigaciones “ahora que no tienen ninguna justificación”.