Las cámaras de Comercio y de Industria, dos de las principales que integran el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), manifestaron ayer su apoyo público a la aprobación de una Ley de Competencia que prevé combatir las prácticas monopólicas.
Sin embargo, mostraron sus reservas sobre el organismo que deberá aplicar la legislación y sobre las multas que deberá aplicar a aquellos negocios que practiquen el monopolio o la competencia desleal.
Los empresarios quieren que sea un organismo independiente, y no el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), el que aplique la Ley pendiente de ser aprobada en la Asamblea Nacional. Igualmente no están de acuerdo sobre el monto de las mutas propuestas, de hasta 850 mil dólares, sino bajarlas hasta los cien mil dólares.
“El organismo que aplique la ley debe ser descentralizado, de carácter técnico, y las multas y sanciones acorde a la realidad de Nicaragua”, sostuvo Guillermo Tomas, directivo de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), al participar ayer en un foro organizado por el Mific para promover la aprobación de la Ley de Competencia.
José Adán Aguerri, presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), abogó entretanto por la elaboración de un marco normativo de la legislación propuesta, para, según dijo, evitar abusos en su aplicación.
El proyecto de Ley de Competencia, que pretende combatir los monopolios y los acuerdos de precios, se encuentra desde julio pasado en la Asamblea Nacional, a la espera de ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto, para su discusión y aprobación por el plenario.
Julio César Bendaña, director de Competencia y Transparencia de Mercados del Mific, defendió la necesidad de aprobar tal legislación porque recordó es parte de la agencia complementaria del tratado de libre comercio firmado por Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta), así como las multas propuestas.
“La ley propicia condiciones de libre competencia, como la prohibición de los carteles y la regulación de las fusiones”, sostuvo Bendaña.
Una Ley de Competencia, dijo, contribuiría a elevar el bienestar de la población al aumentar un diez por ciento el ingreso per cápita.
