El reciente fallo de la Sala Constitucional (Sala IV) de Costa Rica, contra los “matrimonios” homosexuales es un sólido fundamento para que la jurisprudencia centroamericana tome nota.
La Sala argumentó que los matrimonios en Costa Rica sólo pueden celebrarse entre un hombre y una mujer y que por lo tanto las uniones entre personas del mismo sexo violaban el principio constitucional sobre la familia.
No sé a cuáles derechos apelan los homosexuales en un país libre donde cada cual hace lo que la ley le permite y a nadie se le violentan sus derechos, y cuando además existen leyes que de manera centenaria han regulado los matrimonios.
Si de Seguridad Social se trata, homosexuales, lesbianas y transexuales siempre han tenido derecho a los mismos y no se les ha privado de este derecho por su preferencia sexual. Si es por compartir los bienes, cada persona puede ceder parte o todos sus bienes a quien se le antoje sin importar de plano su preferencia sexual o raza y abunda la jurisprudencia que regula esto. Acostumbrados estamos a leer en los medios de información que gente millonaria dejó su fortuna a la asociación protectora de animales, o a un orfanato por no encontrar en el ser humano la fidelidad de un gato o un perro como en este caso.
Si de defensa de derechos queremos hablar, hablemos de los indígenas miskitos, sumos o ramas; grupos a quienes las leyes e instituciones han tenido en el oscurantismo durante años y muchos no han logrado obtener una cédula de identidad en décadas. Aquí nadie metió un recurso de amparo por esta aberrante violación a los auténticos representantes de la nacionalidad.
Lo que pretenden los homosexuales es imponer la voluntad de un grupo sobre la sociedad entera, principio en derecho que violenta la racionalidad de que todo beneficio debe imperar sobre las mayorías y no sobre un grupo específico de preferencia sexual. Pretenden imponer, como dice Ed Murphy, un modelo de conducta donde “todos son víctimas de una guerra espiritual de múltiples dimensiones. Están esclavizados por los deseos de la carne. Son arrastrados por el mundo que, confuso como están acerca del bien y del mal, los apoya, aplaude su expresión de libertad sexual y alienta su ignominia...”
Si se le abre la puerta legal a las pretensiones de estos grupos, en el futuro serán las lesbianas, los travestis y los transexuales los que reclamarán sus “derechos”, queriendo imponer sus prácticas hedonistas en leyes de la República y argumentando la violación a la “libertad” como pretexto para vivir en libertinaje.
En sociedades como las centroamericanas, donde todavía existen principios morales y religiosos centenarios, afortunadamente la legislación establece que el matrimonio es una relación jurídica entre un hombre y una mujer. Para que eso sea modificado de la legislación, deberá pasar mucho tiempo y haber enterrado en la historia, los principios que han hecho al país una nación digna y hermosa.
