Ayudó a cavar las fosas donde minutos después quedarían enterrados los cuerpos de sus dos hermanos menores, y de más de 30 miskitos de Leymus, una de la comunidad de la Costa Atlántica, a inicios de 1982.
Ahora, Vidal Pineda, 43 años, no sólo recuerda el triste episodio, sino que además es una prueba de esos sucesos sangrientos. Él recibió varias heridas de bala cuando huía de la prisión donde estaba encerrado, y por una grave herida en su brazo izquierdo lo perdió.
“Queremos justicia, si no es en Nicaragua, entonces debemos apelar a los derechos humanos internacionales”, dijo Pineda, quien junto a unos diez miskitos caribeños encabeza la demanda en contra de líderes sandinistas que en la década de los ochenta fueron los autores de la llamada Navidad Roja.
La Navidad Roja fue un plan para el reasentamiento de miles de personas de esta región del país, entre 1981 y 1982, bajo el argumento de que habían planes de que la contrarrevolución tomaría el control de estos territorios a través de bases sociales y militares.
En las comunidades miskitas donde el entonces Ejército Popular Sandinista encontró resistencia a la medida de trasladar a cientos de familias de sus lugares de origen, los militares sandinistas irrumpieron con violencia rodeando las comunidades, llevándose detenidos a los pobladores, encarcelándolos en las iglesias moravas y en ciertos casos en bodegas improvisadas.
Luego, sometían a gran parte de los detenidos a graves torturas, y a otros los asesinaban en horas de la noche, dice parte de los resultados de una investigación hecha por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Algunos de los miskitos también desaparecieron, como los dos hijos de Ernesto Zamora, de 74 años. Ambos fueron capturados en Karata.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, explicó que esa institución investigó centenares de casos en más de veinte comunidades miskitas.
CRÍMENES POR GENOCIDIO Y LESA HUMANIDAD
Como primeros resultados, Carmona contabilizó las denuncias por 64 personas civiles asesinadas, 13 personas civiles torturadas y 15 personas civiles desaparecidas.
Con todos estos casos documentados, la CPDH interpuso denuncias por genocidio y crímenes de lesa humanidad ante el Ministerio Público de Puerto Cabezas, la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República.
Los acusados son 16 funcionarios del Gobierno sandinista, en la década de los ochenta. Entre ellos: Daniel Ortega Saavedra, ex Presidente de la República; Humberto Ortega Saavedra, ex jefe del Ejército; Tomás Borge, ex Ministro del Interior; Lenín Cerna, ex jefe de la Seguridad del Estado; Omar Cabezas Lacayo, ex viceministro del Interior.
La fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, manifestó que analizarán los elementos de la documentación que se aportaron como pruebas.
La denuncia de la CPDH estuvo acompañada de testimonios y fotografías de las personas que supuestamente sobrevivieron a las acciones militares, ejecutadas durante la década de los ochenta.
