Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), doctor José Rizo Castellón y doctor José Antonio Alvarado, anunciaron que la bancada parlamentaria de su partido “promoverá la aprobación de un referendo para que se le consulte a la población nicaragüense si está de acuerdo con la entrada en vigencia de las reformas constitucionales aprobadas en segunda legislatura el año pasado” (LA PRENSA, martes 6 de junio, 2006).

En efecto, dos días después la bancada del PLC presentó en la Asamblea Nacional una iniciativa de convocatoria al referendo para decidir la suerte de las reformas constitucionales del año pasado, las que en aquella oportunidad fueron rechazadas por las organizaciones cívicas democráticas, por los partidos políticos antipacto y por el presidente Enrique Bolaños, por considerarlas atentatorias contra las bases democráticas del sistema republicano de gobierno. Y como es pertinente recordar, debido a la profunda crisis que provocó la aprobación de dichas reformas constitucionales tuvo que intervenir la OEA para auspiciar una ley marco que mandó a ponerlas en vigencia hasta el 20 de enero del año 2007, es decir, diez días después que se instale el nuevo Gobierno que resulte electo el 5 de noviembre de este año.

Sin embargo la propuesta de referendo que presentó esta semana el PLC, fue recibida fríamente por el Gobierno y por la bancada parlamentaria de la pro gubernamental alianza ALN-PC, y rechazada tajantemente por el FSLN. Se dice que esta iniciativa de referendo del PLC es electorera, contradictoria con la posición que este mismo partido mantuvo el año pasado y a principios del presente cuando rechazó una propuesta igual que hicieron, cada uno por su lado, organizaciones democráticas de la sociedad civil y el Presidente de la República.

Ciertamente, cabe recordar que en su informe ante la Asamblea Nacional presentado el miércoles 18 de enero del corriente año, el presidente Enrique Bolaños aseguró que: “La vigencia de las reformas parciales a la Constitución es un asunto que debe ser tratado al máximo nivel de una nación, es decir debe ser llevado directamente ante el pueblo, para que sea la voluntad popular la que decida qué es lo correcto, para que el pueblo exprese su acuerdo o desacuerdo sobre estas reformas; que exprese si quiere o no su entrada en vigencia. He decidido pues enviar a esta Asamblea Nacional una iniciativa para realizar un referéndum junto a las elecciones generales del próximo 5 de noviembre”.

No obstante, ahora el Gobierno prácticamente le ha negado su apoyo a esa propuesta, al asegurar su Ministro de Hacienda que “no hay dinero para destinarlo a un referendo como lo propuso José Rizo, candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista”. Y al respecto cabe preguntar lo siguiente: ¿qué tanto dinero se necesita para diseñar e imprimir dos millones de boletas que digan simplemente si o no a las reformas constitucionales del año pasado?

Seguramente la propuesta de referendo que hizo esta semana el PLC, tiene fines propagandísticos, es electorera. Pero eso es secundario. Lo más importante es que representa un triunfo de la sociedad civil democrática que fue la primera en demandar el referendo para someter a consulta popular las reformas constitucionales; así mismo es una victoria del presidente Enrique Bolaños que lo propuso en enero pasado; y es también una derrota del PLC y de Arnoldo Alemán, que antes se opusieron a la propuesta de consulta popular pero ahora han venido a proponerla, por la razón que sea.

El referendo es la máxima expresión de la democracia, porque es la participación popular directa en el régimen político del Estado. Mediante el referendo los ciudadanos participan en la aprobación de las leyes y deciden en última instancia acerca de las resoluciones que los afectan. De manera que no apoyarlo o rechazarlo en este caso, porque la propuesta emana del adversario político que sin duda quiere sacarle beneficio propagandístico, no es una actitud consecuentemente patriótica ni democrática.

Lo que se debe hacer es apoyar la iniciativa de referendo y sumarle los votos necesarios en la Asamblea Nacional, para quitar esa espada de Damocles que pende sobre el gobierno que el pueblo elija el próximo 5 de noviembre. O para que las reformas queden vigentes, si es que la gente insólitamente aceptara voluntariamente las reformas pactistas de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.