El titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Mario Flores, confirmó ayer que la reforma al Sistema de Pensiones en Nicaragua es un asunto que quedará pendiente en la administración del presidente Enrique Bolaños.
El ministro aclaró que este año no van a definir ninguna alternativa al respecto.
“Lo que sí vamos a establecer es una comisión de notables, conformada por expertos en el asunto, para que analicen diferentes opciones”, adelantó sin especificar nombres.
“No obstante, será el nuevo gobierno (que se elegirá en noviembre próximo y funcionará a partir del 2007) el que tomará una decisión al respecto”, aclaró Flores.
La reforma no caminó en el 2004 a raíz de la preocupación que manifestaron en el tema expertos tributarios, economistas, entidades gubernamentales como el propio Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), representantes del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los actores mencionados coincidieron en ese entonces que un eventual traslado de los asegurados menores de 43 años a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que aparentemente surgirían con la reforma, sería “catastrófico” para el sistema fiscal de Nicaragua.
ALTO COSTO
En síntesis concluyeron que no existían fondos para enfrentar el déficit de 1,200 millones de córdobas anuales que provocaría en el INSS el traslado a las AFP de esos pensionados.
Las autoridades del Banco Central de Nicaragua (BCN), hasta consideraron que el nuevo sistema tendría un alto costo a corto y mediano plazo, por lo que proponían determinar con exactitud el monto del déficit que vendría en camino.
Situación que supondría además encontrar mecanismos para financiarlo sin recurrir a un aumento de los impuestos.
La presidenta ejecutiva del INSS, Edda Callejas, aseguró en ese momento que el déficit —estimado en 1,200 millones de córdobas— empezaría a generarse a partir del 2005.
Sin embargo, la institución contaba en el 2004 con una reserva de 2,900 millones de córdobas que lo cubriría por dos años y medio.
Mientras el debate se agriaba, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), recomendó consenso en las decisiones, mientras los sindicatos de trabajadores demandaron mejor esperar porque el sistema no beneficiaba a todos los empleados en general.
A la fecha el panorama no ha cambiado. Aunque el gobierno no deja claro hasta qué punto la actual coyuntura pesa en la opción de dejar la reforma en espera.
